El Turno de Oficio se encierra por los 30 millones de deuda

EFE | MADRID
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Los abogados del Turno de Oficio iniciaron esta mañana un encierro en el Colegio de Abogados de Madrid para reclamar que no se privatice este servicio público y para exigir el pago de 27.981.774 euros que les adeuda la Comunidad de Madrid desde el 30 de septiembre de 2009.

El presidente de la Asociación Libre de Abogados (ALA), Teodoro Mota Truncer, indicó en declaraciones a Efe que desde el 14 de septiembre de 2009 la Comunidad adeuda a los letrados 1.910.327,15 euros solamente en intereses.

El encierro, que comenzó a las 10.00 horas, concluyó con un desplazamiento de "un centenar" de abogados a la Consejería de Justicia, para entregar unos escritos de reivindicaciones -uno por cada abogado presente- solicitando la no privatización del turno de oficio.

Aproximadamente 4.000 abogados pertenecen al Turno de Oficio madrileño, indicó el presidente de ALA.

Que siga siendo público

Los abogados solicitaron también una entrevista con el consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados para pedirle personalmente que garantice que "el turno de oficio seguirá siendo un servicio público, como el servicio de asistencia a mayores y el de asistencia jurídica a extranjeros, cuya privatización quedó paralizada a principios de año, después de un encierro de los letrados", agregó Mota.

"La privatización es inconstitucional y un servicio público como el que presta el Turno de Oficio no se puede garantizar por empresas privadas, sino que tienen que ser abogados designados por el Estado", argumentó Teodoro Mota.

La segunda reivindicación de los abogados es el pago de la deuda que arrastra con ellos la Comunidad de Madrid, así como "que se aumente el IPC, ya que la cuantía que se abona actualmente sigue siendo la misma a desde el cambio de milenio", agregó.

Con su protesta, los abogados pretenden también reivindicar que se salvaguarde "el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los ciudadanos extranjeros". Según una nota de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid, a estos ciudadanos extranjeros la Comunidad de Madrid "les viene exigiendo documentación acreditativa de insolvencia económico en un término perentorio de quince días, los cual les impide de hecho ejercer su derecho a la defensa".