Tres hermanos marroquíes y un ‘narco abogado’ neonazi movían la mayor red de cocaína

Se da la circunstancia añadida de que el líder máximo de la organización criminal, Said Al Moudi Guaitoune, tenía Covid cuando acudieron a detenerle, por lo que los agentes de la Udyco Central tuvieron que ir ataviados con trajes EPI y todos los medios de protección sanitarios cuando irrumpieron en su lujoso piso de la urbanización La Finca (Pozuelo de Alarcón), entre las más exclusivas de Europa.

Entre los arrestados está también Álvaro S. de la M. del O., al que los investigadores califican como ‘el abogado de la mafia’ o ‘narco abogado’, colegiado en Alcalá de Henares. Este letrado, considerado «parte plena de la organización» por los investigadores de la Udyco Central, fue condenado en 1994 a doce años en de prisión por haber agredido a tres ‘punkies’ al grito de «¡Rojos de mierda!» y está considerado neonazi, aunque él niega serlo. De hecho, ha defendido a otros ultras posteriormente, como los acusados del crimen del Carnaval. «Lo curioso es que ahora ande con marroquíes, pese a su ‘ideología’», ironiza una fuente. Ejerce de letrado desde hace 13 años y «realizaba al mismo tiempo labores de asesoramiento legal, pero también en cuestiones básicas como el blanqueo de capitales o incluso habría sido, presuntamente, responsable de ejecutar ventas de cocaína». 

El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional , Manuel García Castellón, tras la petición del fiscal antidroga, que han brindado todo el apoyo necesario a la Brigada de Estupefacientes, ordenó el ingreso en prisión de todos los encartados. El presunto ‘narco abogado’ la ha evitado al pagar una fianza de 50.000 euros ; otro de los hermanos, Mohamed, el que ejercía de testaferro, y la mujer de uno de ellos también han eludido la cárcel al abonar fianzas de entre 5.000 y 8.000 euros.

La operación Toga se inició hace más de un año, gracias a flecos de otra anterior. La investigación ha sido ardua, habida cuenta del complejo y novedoso ‘modus operandi’ de los sospechosos. Y no eran unos inexpertos.

Fuentes del caso precisaron que las funciones de los hermanos Al Moudi se dividían así: en la cúspide estaba Said , el cabecilla y titular de una empresa de calzado, que utilizaba como tapadera; su lugarteniente o jefe de operaciones era Moustafá (que viajaba a Marruecos, Colombia u Holanda), y el tercero (más discreto y con un ‘modus vivendi’ nada ostentoso) era Mohamed, que hacía de testaferro.

«Detectamos una organización que operaba en Madrid y que movía muchísima mercancía; hablamos de más de 100 kilos a la semana.Además de cocaína, también operaban con marihuana y hachís», explican a ABC fuentes del caso. Efectivamente, la manera de financiarse de la mafia era la siguiente: compraban en su país de origen hachís o controlaban también plantaciones , que salen a 80.000 o 90.000 euros de coste (’calderilla’ para estos clanes), y esas drogas las vendían a Holanda, sobre todo. De hecho, contaban con el apoyo de una ‘subcontrata’ búlgara , otra organización criminal, que era la que sacaba vía terrestre estas partidas y las hacía llegar al país centroeuropeo.

El dinero de que obtenían con estas operaciones lo utilizaban para comprar la cocaína a colombianos, que entraba en España en contenedores a través de los puertos de Algeciras y, sobre todo, Valencia. De hecho, en este último tenían buenos ‘contactos’.

Para almacenar tantísima droga no tiraban de naves industriales, como otros grupos, sino que contaban con tres pisos de seguridad en puntos distantes entre sí: junto al aeropuerto de Madrid-Barajas, en Sanchinarro y en la avenida de la Peseta ( Carabanchel ).

No solo destacaba este grupo por su capacidad delictiva, sino porque uno de ellos, el lugarteniente, «es un apasionado de las armas blancas y de fuego». Sabían que guardaba una especie de arsenal, por lo que se requirió el apoyo del Grupo Especial de Operaciones (GEO) en el momento de ‘tirar’ o detener a los integrantes del entramado de manera simultánea.

Esta organización criminal tenía bien definido el reparto de labores. Más allá de los roles que ostentaban los tres hermanos y el abogado, contaban con personas encargadas del almacenaje y la distribución de la droga. También eran fundamentales las tareas que realizaban personas que se desempeñaban como vigilantes de seguridad y que se movían como peces en el agua en ese mundillo, con múltiples contactos, precisaron fuentes de la investigación.

Además, utilizaban códigos y nombres clave en el momento en que realizaban las comunicaciones entre sí; e incluso usaban en sus desplazamiento equipos de transmisiones para cubrirse las espaldas.

Otra novedad importante que ha destapado esta operación Toga es que las ventas de coca se hacen normalmente de kilo en kilo, pero este grupo había encontrado la posibilidad de poder realizarlas en porciones menores: cada kilo era distribuido en tres partes de unos 370 o 390 gramos.

Así habían configurado una manera más comercial de darle salida, al lograr venderla en cantidades menores los kilos que habían ocultado en los inmuebles. Cada una de estas pastillas era ‘pasada’ a los distribuidores por un precio que solía ser de alrededor de 10.000 euros.

En cuanto a los pisos-almacén , en el primero se intervinieron 230.000 euros, dinero obtenido de diversas transacciones de droga durante los días anteriores a su detención. Los billetes estaban escondidos en un falso techo del baño. El segundo funcionaba como «piso caleta», es decir, utilizado para ocultar los paquetes de cocaína que la red criminal habría traslado hasta Madrid. Se intervinieron cerca de 150 kilogramos. En la tercera vivienda franca fueron hallados 200 kilos. En un contenedor que venía de Colombia se incautaron de 208 paquetes, con 230 kilos.

Se han registrado 15 inmuebles en Badajoz, Guadalajara, Marbella, Madrid, Parla, Pinto y Pozuelo , e inmovilizado multitud de cuentas.