Los tres guardias imputados niegan que espiaran y confirman la contravigilancia

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CARLOS HIDALGO

MADRID. Los tres ex guardias civiles imputados en la supuesta trama de espionaje, que trabajan como asesores para la Comunidad, negaron ayer ante la titular del juzgado número 5 de Instrucción de Madrid, Carmen Valcarce, que su desempeño laboral consistiera en realizar espionajes. Afirmaron que lo que hacen son labores de avanzada y contravigilancia y rechazaron que hubiesen sido los autores de los supuestos partes aparecidos en la prensa.

La ronda de declaraciones se retrasó unos 50 minutos. Al cabo de dos horas, la vista había terminado. Los tres empleados de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior expresaron a la juez que «no hubo ningún tipo de seguimiento». Ellos y otros guardias civiles se encargaban de velar por la seguridad de los altos cargos de la Comunidad, a instancias del anterior director general de Seguridad, Sergio Gamón.

Negaron tajantemente que se dedicaran a espiar y que se hicieran seguimientos sobre actividades privadas o íntimas del personal del Gobierno regional (el ex vicepresidente segundo Alfredo Prada, hoy enfrentado con el Gobierno de Aguirre, es quien ha interpuesto la querella y quien pidió las comparecencias, al asegurar que fue espiado); en el mismo sentido, negaron la mayor sobre el vicealcalde, Manuel Cobo, tanto más cuando ni siquiera forma parte de la Comunidad.

La declaración fue «distendida y los abogados de las acusaciones [PSOE, PP y de Prada] fueron muy correctos», indicó el letrado de los imputados, Enrique Molina. «Se ha demostrado -añadió- que el acceso [a sus puestos] no fue digital por el consejero, sino por su currículum». E hizo hincapié en que, además de lo referido, también se dedicaban al control de edificios de la Comunidad y sistemas de vigilancia de éstos.

Durante su declaración, desvelaron que sus labores legales no sólo las ejercieron con Alfredo Prada, sino con la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre; el vicepresidente, Ignacio González, y algunos consejeros, entre los que nombraron a Javier Fernández-Lasquetty, titular de Inmigración, y el de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.

Sobre los famosos partes, no reconocieron ninguno. Es más, afirmaron que ellos no los habían redactado y que, cuando se habla en alguna ocasión de que Prada estaba en un lugar concreto, ese día, realmente, estaba incluso fuera de España, según la versión que ofrecieron.

Bien es verdad que anteriormente los imputados negaron recordar los seguimientos y ayer sí hicieron un relato de cómo fueron. Y que comentaron, a la pregunta de que de quién dependían jerárquicamente, que de Sergio Gamón, con quien dijeron «mantenían comunicación verbal». También reconocieron que habían estado en Chinchón y en otros lugares señalados en el sumario.

Ninguna de las partes solicitó a la juez medidas cautelares de ningún tipo y se espera que el próximo en declarar -aunque aún es pronto en saber en calidad de qué- sea Gamón en septiembre.

La juez les hizo practicar una nueva prueba pericial: se trató de otra caligráfica. Ya se hizo una, aunque de parte -de la defensa-, que resultó negativa: no fueron ellos quienes firmaron los partes.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, reiteró ayer que su Gobierno «no ha espiado, ni ordenado, ni consentido ningún espionaje». Sobre las palabras del jueves de Cobo contra Granados, instándole a que dijera «toda la verdad de lo que va diciendo por ahí que sabe» y las peticiones de cese del consejero, Aguirre respondió: «¿Por qué tendría yo que cesar a Granados? Dice lo mismo en privado que lo que dice en público».