Tres de los cuatro asesinos de la dominicana Lucrecia, entre los beneficiarios de la Ley del Menor

El segundo paso todavía se presenta más árido. Consiste en la revisión de la situación de los 75 presos preventivos de entre 18 y 20 años que, hasta el pasado mes de octubre, cumplían condena y se encuentran a la espera de juicio, según datos de Instituciones Penitenciarias, así como de los penados que eran menores de edad cuando cometieron el delito, entre los que figuran tres de los autores de la muerte de la dominicana Lucrecia Perez.

Felipe Carlos Martín, Julián Flores y Javier Quilez ingresaron en prisión en 1992, poco después de matar a la joven en las ruinas de la discoteca de Aravaca «Four Roses», junto con el guardia civil Luis Merino. Los tres primeros, que en aquellos momentos tenían 16 años, fueron condenados a 24 años de cárcel cada uno por la Audiencia Provincial, en julio de 1994: quince por el asesinato de Lucrecia y nueve por el asesinato frustrado de Augusto César Vargas. Para estas penas se aplicó el antiguo Código Penal y se tuvo en cuenta la «atenuante juvenil». Llevan, pues, ocho años en prisión por lo que sin esta Ley aunque se les aplicarán los máximos beneficios penitenciarios todavía les quedaría un largo tiempo a la sombra.

El caso de Lucrecia provocó una reacción social sin precedentes por tratarse de un crimen racista y por la frialdad con que se cometió. Los jóvenes pertenecían a bandas de «cabezas rapadas» y el móvil fue su odio a los negros.

Ahora, el abogado de la acusación del caso, Jaime Sanz de Bremond ha alertado sobre la casi inminente excarcelación de los tres jóvenes que en la actualidad tienen 24 años. A Felipe, Julián y Javier les afecta la parte de la Ley referida a la edad que tenían cuando cometieron el crimen. Para los casos de mayor peligrosidad, como éste, la norma establece internamiento, y en régimen cerrado -privación de libertad- cuando en la comisión del delito se ha empleado violencia o intimidación o actuado con grave riesgo para la vida de las personas. En el caso de los mayores de 16 años -siempre referido al momento del delito- la duración de la medida se establece en cinco años, ampliables a otros cinco en libertad vigilada en los supuestos de extrema gravedad.

El hecho de que ya hayan cumplido ocho años de cárcel deja en suspenso qué medida se les aplicará en caso de ser excarcelados, como es previsible. El Fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, quien en su día anticipó los problemas que se podían derivar de la Ley sin los medios apropiados, no se pronunció sobre este caso concreto. Sí explicó a ABC que algunas secciones de la Audiencia Provincial dictaron resoluciones sobre algunos casos de menores antes de la publicación en el BOE de la Ley 9/2000 y «ahora esos casos se están recurriendo a marchas forzadas».

Bermejo incidió en que la Ley prevé dos meses para que jueces y fiscales de menores se pronuncien y establezcan medidas complementarias.

Por su parte, el juez decano de Madrid, Fernando Fernández, señaló que ésta es una de las causas que hay que revisar. La posibilidad, según Fernández, es enviar a los tres jóvenes a un centro de régimen cerrado, estipular medidas de arresto e incluso dejarlos en libertad, dado que han permanecido ocho años en prisión con obligación de presentarse en el Juzgado u otras alternativas.

Esteban Ibarrra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, destacó que la Ley deja en clara indefensión a las víctimas, pero sobre todo a aquéllas que lo han sido de los considerados delitos violentos. Por este motivo, Ibarra calificó de perversos algunos extremos de la norma.