Tragedia en Colmenar: investigan si la familia de las mujeres muertas tenía un criadero ilegal de perros

El ambiente en la zona dista mucho de ser agradable. «Si ven que estáis por la casa, os van a apedrear», advierte un joven, señal inequívoca de que los ánimos están caldeados. En el número 578 de la calle de Ibor no se oye un ladrido. Los seis perros de la casa , entre ellos los dos dogos de Burdeos -cruzados con la raza american staffordshire terrier- que truncaron la vida de sus dueñas, siguen en cuarentena a la espera del informe de los veterinarios que determine las causas de un trágico suceso cargado de interrogantes.

Tras el análisis de las muestras biológicas, la investigación de la Guardia Civil se centra en averiguar los entresijos de una familia con la sombra de la sospecha a la espalda. «Hace tiempo les compré un cachorro» , sostiene una mujer, antes de marcharse con su vehículo. Según ha podido saber este periódico, la familia vendía los animales recién nacidos sin licencia ni cartilla de vacunación, por un precio que en cualquier caso nunca superaba los 150 euros.

De las camadas, también repartían algunos entre sus parientes y otros se los quedaban en propiedad. «Los educaban para ser un poco vivos... no sé si me entiendes, para que pudieran intimidar», revela un vecino, no sin cerciorarse antes de que su identidad quedará a buen recaudo. El miedo a las represalias es notorio . «El jaleo que tenían montado era para verlo», prosigue la misma persona, en alusión a las relaciones sentimentales que mantenían los hermanos, Francisco Javier y José González Lavisier, con las dos mujeres fallecidas. El primero, casado con la madre, Luisa, era el dueño del chalé donde hallaron los cuerpos. Por ello, siempre en base a lo que dicte la investigación, podría llegar a ser acusado de homicidio imprudente y negligencia grave en la tenencia de animales.

Fue Francisco Javier, un antiguo boxeador que en palabras de algunos conocidos «se jactaba de achuchar a los perros si tenía algún problema», el primero en encontrar los cadáveres. Rápidamente, llamó a su hermano y entre ambos lograron reducir a los cánidos . Presa de los nervios -los dos tuvieron que ser atendidos por fuertes crisis de ansiedad-, cargaron junto a otros familiares contra la prensa. «Nos lanzaron piedras y el mayor (Francisco Javier) llegó a soltar una patada», relata un fotógrafo, quien contempló en primera persona como tres guardias civiles tuvieron serias dificultades para contenerlo. Desde entonces, la hostilidad no ha cesado.

Su hijastra, Eva González Pozas -que había tomado su apellido- vivía con José a cinco minutos en coche. Apareció en la casa en el peor momento , cuando su madre yacía inerte debido a las numerosas lesiones. Trató de socorrerla, pero los perros también se abalanzaron sobre ella hasta matarla. Las dos finadas sentían especial devoción por sus canes, como así reflejaban en las redes sociales. A principios del año 2015, una fotografía de uno de los dogos tumbado en un sofá daba buen ejemplo: «Mi cosita guapa, me tiene loca», comentaba la hija, a lo que Luisa añadía: «Es muy guapa, pero muy mala».

Pese a las muestras de cariño, la familia infundía «respeto» en la zona. «Menudos son», cuenta otro hombre, consciente de que cualquier detalle podría volverse en su contra : «Ni se os ocurra decir que habéis hablado conmigo, que estos son de los que vienen y te pegan una paliza», añade.

El estupor por lo ocurrido se mezcla con el dolor de los pocos allegados que se dejan ver en la zona: «Lo único que os pido es que los dejéis en paz. El padre es cliente mío y bastante tiene ya», remarca el dueño de un bar, en una urbanización cercana. Lo cierto es que todos tienen ganas de olvidar una tragedia que pone bajo la lupa a las razas potencialmente peligrosas. «Si no tenían la cartilla de vacunación, es muy raro que estuvieran vacunados. Y aunque alguien les hubiera puesto las inyecciones, no sería legal, porque falta el sello y la firma de un colegiado », explica una veterinaria. En Madrid, es obligatorio poner la antirrábica a los perros de forma anual, a partir de los tres meses.