El stock, clave para la recuperación

Es momento, hoy, para que la CAM establezca los procedimientos para la implementación del convenio, así como para que se constituya la comisión de seguimiento que mida la eficacia de los resultados.

Su puesta en práctica no se debe demorar más, pues día a día cambia el entorno económico financiero y las medidas adecuadas para hoy, podrían ser insuficientes para mañana.

La razón de este acuerdo no debe pasar desapercibida y es que la promoción inmobiliaria, por su capacidad de crear riqueza en las economías familiares, como por su contribución directa al PIB y por su capacidad de generar empleo (2,3 empleos directos/vivienda) ha sido uno de los motores del gran cambio económico y social del que hoy disfrutamos.

Debemos actuar para que la locomotora inmobiliaria siga teniendo fuerzas para arrastrar otros vagones como son las industrias auxiliares y subsidiarias de la construcción. Estos vagones van detrás y los efectos sobre ellos todavía no se han manifestado en su verdadera dimensión. 2009, será otro cantar.

Medidas para reactivar la actividad inmobiliaria. Esa es la receta: dinamizar el stock de viviendas para poder desarrollar nuevas promociones generadoras de actividad y empleo.

La coyuntura actual es crítica y no ha lugar a maquineísmos y sí de arrimar el hombro, con una acción concertada de todas las instituciones y el conjunto de agentes económicos y sociales, no desde una posición de dominio, sino de gobernanza por parte de la Administración Autonómica, sobre la base de un proyecto común.

No debemos olvidar tampoco desarrollar medidas estructurales para abordar un futuro nuevo orden económico financiero y también inmobiliario, para el que debemos sentar las bases de una mayor estabilidad. Profesionalización, competitividad y transparencia, son los nuevos vectores que deben guiar la industria inmobiliaria.

Estas medidas estructurales pasan por unas políticas de vivienda y suelo más flexibles, ágiles y seguras jurídicamente, donde la información y transparencia de las decisiones administrativas sean garantía de buen gobierno, en el marco de un necesario plan de estrategia territorial.

Acciones inmediatas y medidas estructurales para que en un futuro los desequilibrios entre oferta, demanda y precios, sean menos acusados y se ajusten con mayor rapidez desde la colaboración y participación de todos.