Un servicio contra incendios y nevadas cien por cien público y más moderno

El origen de esta medida hay que buscarlo años atrás: en una proposición no de ley que presentó Unidas Podemos en mayo de 2016 y se aprobó –con los votos de PSOE y Cs y el rechazo del PP– en la Asamblea de Madrid. Solicitaba un servicio cien por cien público en la gestión del plan contra incendios. Esta había pasado a manos privadas en 1997, con Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid. En esa fecha, se privatizó esa parte del servicio y los trabajadores que tenía, personal laboral de la administración, pasaron a formar parte de una empresa privada adjudicataria.

Al año siguiente, se cambia el modelo y se divide la comunidad en dos zonas, este y oeste, adjudicando cada una de ellas a una empresa: Matinsa, del grupo FCC, y una ute en la que participaba una filial de ACS, y que posteriormente pasó a llamarse Infosa . En estas dos décadas de funcionamiento, ha habido varios conflictos laborales con los trabajadores de las brigadas forestales, por la negociación de un nuevo convenio –el último en vigor fue el de 2008– y la petición de subidas salariales y mejora de condiciones. Conflictos que llevaron a realizar huelga en el verano de 2017.

La idea del servicio de prevención y extinción cien por cien público caló: el consejero de Justicia e Interior, Enrique López , se comprometió a ello en octubre de 2019. Y en el nuevo mandato salido de los comicios del 4-M, lo llevó a la práctica:el consejo de Gobierno aprobó el encargo de estos trabajos a TRAGSA por cuatro años, con una inversión de 107 millones de euros.

Como explica a ABC Pedro Antonio Ruiz Escolar , director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid, el contrato de Matinsa e Infosa acababa el 31 de julio de 2021. «Para evitar que el cambio de gestión se produjera en pleno verano –la temporada de mayor riesgo de incendios–, se prorrogó el contrato hasta el 31 de enero de 2022».

Y desde entonces, comenzó el proceso de cambio de fórmula: TRAGSA tiene el compromiso de realizar estos trabajos y renovar la maquinaria. Todos los vehículos y los equipos de protección individual se sustituirán , se incorporarán ocho nodrizas de 8.000 litros de capacidad, y se establecerán unidades forestales mecanizadas también durante el verano, para incrementar las tareas de prevención y poder consolidar el terreno tras un incendio.

Este punto lo explica el director general de Emergencias: «Las unidades forestales mecanizadas van a permitir que se alargue el periodo de actuación y alcanzar así mayores superficies de hectáreas limpiadas».

Para los momentos más crudos del invierno, tras la experiencia de la borrasca Filomena, se incluyen medidas para apoyar a los ayuntamientos de zonas rurales: se dotará a los vehículos de las brigadas forestales de equipos de vialidad invernal, en concreto con 25 cuchillas en bombas forestales pesadas y otras 25 cuchillas más esparcidores de sal en camionetas tipo ‘pick up’. Además, habrá un silo de sal en Leganés, con 100 toneladas de capacidad.

Además de estas novedades, el nuevo modelo supondrá mejoras para el personal, que tendrá mayor estabilidad laboral y mejores condiciones porque pasan a ser parte de una empresa pública: «El personal es el mismo, han pasado el reconocimiento médico y las pruebas físicas, y ocuparán su espacio en las bases. Antes estaban limitados a una zona; ahora tendrán movilidad para intentar establecerse allá donde prefieran», señala Pedro Antonio Ruiz. Sin olvidar que «cada año tendrán el aumento de sueldo que se recoja para la administración pública, y los beneficios laborales se les dan hechos». Por otro lado, se multiplica por diez la cuantía de la formación del personal , y se adecua a la certificación profesional.

Otras mejoras serán la incorporación de localizadores y seguimiento de flota en todos los vehículos, y habrá dos patrullas de vigilancia más. Los 107 millones de euros de este contrato serán sufragados en parte con cargo al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER).