Las seis propuestas antiCovid de Ayuso que más críticas recibieron y que han funcionado

El Gobierno de Madrid regaló mascarillas FFP2 a la población, de forma gratuita, en varias ocasiones a lo largo de la pandemia. Especialmente, a los mayores de 65 años. Una medida muy criticada desde la oposición: se dijo que las entregadas no tenían el sello de calidad de la CE, y también que no eran las adecuadas para la ciudadanía porqu e eran demasiado buenas . El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, llegó a señalar, en junio de 2020 , que eran mascarillas «egoístas» porque estaban pensadas «para que no se contagie el usuario, sin importar los demás», mientras que las quirúrgicas serían las «altruistas».

Pero en enero, el Consejo General de Enfermería comenzó a aconsejar que «la población y los profesionales utilicen mascarillas autofiltrantes -conocidas como FFP2- en aquellos lugares cerrados, poco ventilados y con aglomeración de gente ». La misma recomendación que ha realizado la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph). Y en Europa están en la misma onda: el Gobierno de Austria estableció en enero el uso obligatorio de mascarilla FFP2 en tiendas, transporte público, mercados y otras instalaciones cerradas. En el estado alemán de Baviera también son obligatorias en el transporte público y el comercio.

La decisión de Madrid de confinar sólo algunos barrios de la región fue durísimamente criticada, pese a que se había llevado a cabo también en otros puntos de la geografía nacional. En el caso de Madrid, se habló de «segregación y discriminación» de los barrios del sur , que estuvieron entre los más afectados por estos cierres en un primer momento.

Semana a semana, las zonas iban cambiando en función de su situación epidemiológica, y entraron en las restricciones numerosas localidades del norte, e incluso algunas de las más ricas, como Pozuelo de Alarcón o Majadahonda. Y de hecho, una de las áreas que más tiempo ha estado confinada -y aún permanece así- es la lujosa urbanización de La Moraleja , donde las medidas de restricción de entradas y salidas se aplican, de forma continuada, desde finales de noviembre de 2020.

En la agencia alemana de noticias DPA se elaboró un reportaje en noviembre de 2020 en el que se llamaba la atención sobre estos cierres perimetrales «a la madrileña». Los señalaba como la diferencia principal con las medidas tomadas en zonas de Alemania con altos niveles de contagios pese a la adopción de medidas cada vez más estrictas. «La principal diferencia es que no acordona toda la región o ciudades, sino sólo distritos más pequeños que tienen un gran número de contactos», destacaban.

Díaz Ayuso pedía al presidente Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes del 5 de abril una estrategia clara para conocer la evolución y el comportamiento del virus, mediante la realización de test rápidos selectivos a grupos de población. El Gobierno de España desveló dos días después su intención de realizar un estudio serológico sobre 30.000 familias españolas.

Meses después, en septiembre, Díaz Ayuso fue más allá y anunció que realizaría test masivos, esta vez de antígenos, una novedad que permitía un diagnóstico muy rápido -en 15 minutos- y ayudaría a localizar casos de positivos asintomáticos , para evitar así que continúen contagiando. Compró 5 millones de test rápidos y volvieron a lloverle las críticas, que argumentaban, aludiendo a las opiniones de expertos, que ese tipo de cribados no servían para nada.

La Comisión Europea ha avalado el uso de estas pruebas rápidas y ha pedido a otros países de la UE que las realicen también. Para ampliar su radio de acción, la presidenta madrileña pidió poder hacerlos también en farmacias, clínicas dentales y mutualidades de trabajo. A la primera petición le contestaron mes y medio después -lo que impidió que se realizaran estas pruebas antes de la Navidad-; y a la segunda en enero. La tercera aún espera respuesta.

Abrir un hospital provisional en los pabellones de Ifema fue una medida de emergencia tomada para evitar el colapso del sistema sanitario, en lo más crudo de la primera ola de la pandemia. El 21 de marzo comenzaron a acondicionarlo y el 24, tres días después, recibía los primeros pacientes. Esta medida y otras -apertura y adaptación de gimnasios y otras zonas en hospitales- consiguieron triplicar las camas UCI.

No obtante, hubo muchas censuras al hospital de Ifema: desde quienes lo tacharon de «innecesario» a quienes criticaron su intención «propagandística» el gasto excesivo en los contratos de suministros, realizados por procedimiento de urgencia.

Allí fueron atendidos 4.000 pacientes a lo largo de las seis semanas que estuvo funcionando. Y el director ejecutivo del Grupo Orgánico de Brotes Epidémicos y Emergencias Sanitarias de la OMS, Bruce Aylward, felicita al Gobierno madrileño por la construcción del Hospital de Ifema: «Están haciendo un trabajo fantástico», dijo.

A imagen y semejanza de este centro, nació el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con espacios diáfanos y altísimos techos que hacen más difícil la propagación de los aerosoles. El excesivo gasto en el mismo ha sido el principal reproche al mismo, pero también los ha habido a la despersonalización de los módulos sin habitaciones, al traslado forzoso de profesionales sanitarios desde otros centros a este, y hasta a su comida. Incluso la Policía ha tenido que investigar presuntos boicots y sabotajes llevados a cabo en las instalaciones del hospital.

Dos meses después de su puesta en marcha, han pasado por él más de 2.000 pacientes, y está resultando útil para descongestionar otros centros sanitarios. Y ahora, además, uno de sus pabellones se utiliza como centro de vacunación masivo para personal de Salud Pública.

La primera versión de la cartilla Covid establecía quiénes habían pasado la enfermedad, para facilitarles la realización de actividades en espacios de uso común. Se le puso el reparo obvio de su carácter discriminatorio. Pero más adelante, Díaz Ayuso lo modificó y lo ha introducido en la cartilla sanitaria en forma de apéndice con los datos de los test que se ha realizado la persona y la inmunización con la vacuna, si la tiene.

El ex ministro Salvador Illa criticó abiertamente la iniciativa en septiembre de 2020, señalando que esa cartilla «no está contemplada por ningún organismo internacional, ni la Organización Mundial de la Salud» ni por ninguno de los documentos técnicos que ha elaborado el Ministerio.

Ahora, meses después, España avanza hacia un certificado de vacunación, en el que trabajan también en el Ministerio de Industria y Turismo, donde lleva semanas trabajando en la instalación de este certificado.

Durante meses, desde que en mayo reabrieran su actividad, el Gobierno madrileño ha estado pidiendo al central -del que depende el aeropuerto- que impusiera controles de acceso de viajeros. Díaz Ayuso lo pidió en las conferencias de presidentes, por carta a Pedro Sánchez e incluso envió una misiva a la presidenta de la Comunidad Europea, Ursula von der Leyen . En noviembre, el Gobierno central decretó que fuera necesaria una PCR negativa para los pasajeros procedentes de zonas de riesgo.

Más tarde, aparecieron las cepas británica primero, y brasileña y sudafricana después , mucho más contagiosas que la convencional. Díaz Ayuso volvió a solicitar que se cerraran los vuelos con Gran Bretaña, en prevención de la entrada de la cepa británica, y tal y como estaban haciendo la mayoría de los países europeos, pero aún pasaron días hasta que se atendió su petición.

Igual ha ocurrido con la solicitud de cuarentenas para los viajeros procedentes de Brasil o Sudáfrica; medidas que se han aplicado pero no con la prontitud reclamada desde Madrid.