Eliminar Madrid Central, aprobar Chamartín, bajar impuestos y desactivar los semáforos de la A-5: las claves del futuro gobierno de Almeida

Revertir Madrid Central «va a ser una actuación prioritaria» que, según avanzó a ABC el candidato popular, se pretende abordar «antes del verano». El planteamiento inicial es «volver al anterior sistema de Áreas de Prioridad Residencial (APR)». Para ello tendrán que modificar el decreto que regula Madrid Central, un trámite que no necesita pasar por el Pleno, sino que la aprobación en la Junta de Gobierno bastará. La vuelta al sistema de las APR implica que se abrirán al tráfico Gran Vía y las calles de San Bernardo y de Hortaleza.

La bajada de impuestos tendrá que esperar hasta 2020, que es cuando entrarán en vigor las nuevas ordenanzas fiscales. Aunque tendrán que negociar con sus socios de gobierno, Villacís también apuesta por la rebaja fiscal. Los populares incluyeron en su programa la eliminación de la tasa de residuos urbanos, la de cajeros y la bonificación al 95% el ICIO para los restaurantes. También bajarán el IBI al mínimo legal del 0,4%; descontarán un 95% de la plusvalía por «mortis causa» para descendientes, ascendientes y cónyuges; y reducirán la tasa del SER, de 75% para los coches ECO, 20% para los C y 75% para los vehículos de más de cinco plazas.

El PP también modificará la ordenanza de Movilidad en los aspectos que «afectan a la seguridad vial». «Determinados giros a la derecha que se permiten a los ciclistas entendemos que no son correctos en un momento en el que han aumentado los accidentes», explica Martínez-Almeida. Además, eliminarán los carriles bici que consideran «inútiles», «que entorpecen otras formas de movilidad», como el de los Bulevares, Puerta de Toledo, Gran Vía de Hortaleza, avenida de los Toreros, Pintor Rosales o el de la calle de Atocha. Su modelo de movilidad ciclista preferible pasa por los ciclocarriles a 30 kilómetros por hora, donde conviven los vehículos con las bicicletas. De la ordenanza de Movilidad de Carmena, no obstante, mantendrán la obligatoriedad de exhibir el distintivo de la Dirección General de Tráfico y el actual protocolo anticontaminación, puesto que «la Comunidad le dio el visto bueno».

Devolver la operación Chamartín a la casilla de salida no es una opción para Martínez-Almeida. «La intención es que si los técnicos validan el proyecto tal y como está, se lleve a pleno antes de que se acabe el año», indica el candidato popular, que confía en aprobarlo con el apoyo de Ciudadanos y Más Madrid. «No veo por qué Más Madrid va a modificar su posición si es su proyecto», valora.

Tanto para PP como para Ciudadanos el soterramiento de la A-5 es la solución más idónea para pacificar el paseo de Extremadura. Mientras tanto, el PP pretende desactivar los semáforos de la A-5 «de forma inmediata». Sobre el radar de tramo, sin embargo, sopesan mantenerlo. «En estos momentos la velocidad es a 70 kilómetros por hora y no vemos problema en mantener ese nivel. Es una zona que es cierto que soporta ruido y es razonable que se intente controlar esa velocidad en ese tramo», afirmó el líder del PP en el Ayuntamiento.

Las obras de la plaza de España empezaron a principios de este mes, pero aún así, Martínez-Almeida es partidario de «retomar el túnel que estaba planteado en el proyecto original y que ha sido eliminado». Si no se puede modificar el proyecto en marcha, optarán por plantearlo como un «plan independiente» al actual. «Creo que es viable hacerlo en los próximos cuatro años. Técnicamente, es posible. Otra cosa es que las afecciones arqueológicas puedan retrasar las obras porque, como ex director general de Patrimonio, soy consciente de que habrá que hacer los pertinentes estudios en la zona afectada», indicó.

El PP también coincide con Vox y PP en auditar todos los «contratos, convalidaciones y subvenciones» del gobierno de Carmena. «Nosotros hemos denunciado a lo largo de estos años que muchos de esos contratos estaban vinculados de una u otra manera al entorno de Ahora Madrid, Podemos o IU. Queremos desmontar el entramado normativo que bajo la etiqueta de Coordinación Público-Social lo que perseguía precisamente era buscar la cesión de locales o la gestión de espacios públicos a favor de entidades afines», aseguró Martínez-Almeida, que pretende modificar la ordenanza y no descartan acudir a los tribunales si se encuentra «algo irregular». Sin embargo, el PP no renunciará a tener un delegado de Coordinación Territorial con el objetivo de continuar con la descentralización de competencias a los distritos.

Vox apuesta en su programa electoral por recortar cargos y concejalías en sus ayuntamientos. Y Martínez-Almeida asegura que no va a haber más áreas de gobierno que las que hay actualmente. No obstante, aseguró a este diario que «dentro de las áreas de gobierno se pueden crear también concejalías delegadas». En concreto, planea establecer un nuevo área de Movilidad, una concejalía específica de obras e infraestructuras que se desgaje del área de Urbanismo, una concejalía de Deportes, una concejalía de Cultura y una concejalía de Asuntos Sociales y Familia.

Para ahondar en la transparencia en la gestión, Martínez-Almeida pretende volver a instaurar la obligación de pedir tres ofertas para los contratos menores, un requisito que fue eliminado por el gobierno de Carmena. También quiere que la comisión de vigilancia de la contratación se transforme en «la comisión de vigilancia de la gestión municipal». «Lo que procede es mejorar los mecanismos de transparencia y exigir un mínimo de ejemplaridad total y absoluta a los cargos públicos», sostiene.

El PP apostará por volver a externalizar la gestión de la Funeraria y del Teleférico. «No entendemos qué hace el Teleférico en la Empresa Municipal de Transportes», critica. Sobre Bicimad, estudiarán «las condiciones en las que se puede externalizar nuevamente la gestión o si compensa que la EMT la asuma».

El PP llevará la contraria a Vox en al menos una cosa: « El Orgullo no irá a la Casa de Campo », reitera Martínez-Almeida. Para el PP, es imposible su traslado porque «está íntimamente ligado con el lugar donde se celebran las fiestas», porque «la manifestación es competencia de la Delegación del Gobierno» y porque «la Casa de Campo es Bien de Interés Cultural».