Los requisitos que pide Carmena a los okupas para legalizar sus viviendas

Será en este Pleno municipal de septiembre cuando se debata la modificación puntual en el reglamento. Su debate en Cibeles se aplazó por la censura de Ganemos -el sector crítico de Ahora Madrid- a la propuesta de la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras , que negaba a los okupas la posibilidad de seguir en la vivienda. El impedimento de acceder a un piso público siendo okupa, apoyado por el PSOE, suponía un cambio con respecto al plan inicial de Ahora Madrid , lo que generó malestar en Ganemos y obligó a retirar la reforma.

Ahora, cinco meses después, la EMVS aprueba los criterios para regularizar los contratos de las personas que okuparon «sin título jurídico suficiente». A partir del momento en que la medida entre en vigor, los interesados tendrán un plazo de seis meses para pedir la regularización.

Los criterios aprobados para permitir esta regularización extraordinaria son haber okupado de manera ininterrumpida por al menos un año la vivienda como domicilio personal o familiar y siempre que haya sido antes del 1 de enero de 2016.

Para acceder al contrato de alquiler se debe acreditar que se han cumplido las normas de la comunidad y que no han sido vecinos conflictivos. Para acreditarlo tendrán que presentar un informe emitido por la Dirección de Servicios Sociales y Patrimonio de la EMVS, donde se confirmará que han hecho un uso correcto de las zonas e instalaciones comunes.

Los okupas también deberán comprometerse a abonar las rentas de alquiler y las cuotas atrasadas de comunidad desde la fecha de okupación hasta un máximo de cinco años . Si los okupas tuvieran dificultades para sufragar en un solo pago las rentas que deben, la EMVS les facilitará el pago fraccionado mes a mes junto a la renta y cuotas correspondientes al nuevo contrato de alquiler. Las condiciones de contratación serán las mismas aplicadas al resto de adjudicatarios de la EMVS.

Además, el proceso de regularización excepcional exige que los ingresos de la unidad familiar no superen en 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, salvo que la calificación de la vivienda establezca un límite inferior.

Quienes soliciten la regulación no podrán pertenecer o haberlo hecho a organizaciones que ilícitamente se lucran de ventas o de traspasos de viviendas públicas. Lo mismo ocurrirá si no se puede demostrar que la vivienda es el domicilio permanente o si se ha sido condenado judicialmente por conflictos vecinales o si otro miembro de la unidad familiar haya visto rechazado su expediente por estos motivos.

Higueras detalló que la okupación de esas 88 viviendas se ha producido o bien por patada en la puerta o bien por el impago de alquileres cuando esas personas ya no han podido hacer frente a ellos. Higueras subrayó que con estas medidas no están llamando a la okupación sino que están pensando en aquellas personas que ya tienen un arraigo en la zona, ya sea el colegio de los hijos, el médico... en definitiva, que estén inmersas en un «proceso de normalización».

El Ayuntamiento pretende con esta regularización excepcional «llegar a las familias que realmente lo necesitan, con rentas anuales muy bajas». «Hasta ahora lo que venían favoreciendo las anteriores administraciones municipales en la adjudicación de una vivienda social era que los solicitantes tuvieran ingresos superiores a los ahora estipulados», algo que «entraba en colisión con la carta de naturaleza que debe regir en una empresa como la EMVS».

Sin embargo, desde el PP rechazan el proceso de legalización de, lo que considera, «los amigos okupas» de Carmena que, como Pablo Iglesias, «vive en un piso de protección oficial a pesar de ser el diputado que más dinero tiene en su cuenta corriente».

«Nos encontramos con un equipo de Gobierno que lo que hace es defender los intereses de sus amigos, sus amigos los okupas, sus amigos como Pablo Iglesias que disfruta de una vivienda de protección oficial a la que no tiene derecho pese a ser el diputado que más dinero tiene en la cuenta corriente en España», criticó el concejal del PP, Borja Fanjul.

Ciudadanos también votó en contra por no haberse admitido la iniciativa presentada por el partido que planteaba excluir a los condenados por delito de usurpación de vivienda. «Nos parece primordial respetar el cumplimiento de las sentencias judiciales que garanticen nuestro Estado de Derecho. Es cierto que debemos buscar soluciones a los problemas existentes en materia de ocupación de viviendas de la EMVS pero entendemos que la vía de no respetar las decisiones judiciales no es la correcta», explicaron desde Ciudadanos.

La formación naranja destacó que en Madrid hay «7.000 familias pendientes de adjudicar una vivienda de la EMVS», lo que les ha llevado a defender que «no se puede equiparar unos con otros».