Los rectores dan el visto bueno a la nueva ley universitaria de Cifuentes

El nuevo borrador asegura una financiación estable y plurianual –de 5 años– para los centros universitarios públicos. Este era uno de los principales escollos para los rectores junto con el temor a la pérdida de autonomía universitaria. Ahora, en la mencionada carta a la Consejería, solo critican la falta de «ambición» regional en cuanto a los requisitos que deben cumplir las universidades privadas para abrir nuevos centros educativos en la región.

Tras la «percepción en principio favorable» de los rectores, el borrador del anteproyecto de ley puede «seguir mejorando en el trámite parlamentario con la participación de todos los grupos de la Asamblea, intentando recabar el máximo consenso posible», exponen en la misiva. Según ha expresado esta mañana el consejero Rafael Van Grieken la LEMES podría estar aprobada antes del verano de 2018. «En unos cuatro años se empezarían a ver resultados en materia de investigación y competitividad», ha indicado en un desayuno informativo.

«Es una ley moderna, que busca la internacionalización incrementando la oferta de grados y másteres en inglés, e incorpora mecanismos para la captación y retención del talento, por ejemplo a través de una nueva figura: la de profesor visitante distinguido», informan desde el Gobierno regional.

Educación ha remitido ya el nuevo borrador al resto de representantes de la comunidad educativa para buscar el «máximo consenso posible». Hasta ahora, el funcionamiento de las universidades madrileñas ha estado regulado por la legislación nacional. La nueva norma garantiza un marco de financiación estable, común y plurianual –renovable cada cinco años–, cuya parte sustancial será fija y la otra será variable por objetivos. La primera estará destinada a cubrir los costes de funcionamiento . La segunda, según Van Grieken, pretende incentivar la internacionalización de los estudios que ofrece Madrid y generar una mayor competitividad entre los centros.

Aunque aún no se han definido los objetivos cuantificables que determinarán dicha parte variable, la consejería ha enumerado una serie de objetivos generales para medir la investigación, la docencia, la innovación y la transferencia de conocimiento. Una serie de aspectos «fundamentales» para la nueva Ley. Estos criterios podrían tener en cuenta aspectos como el número de publicaciones, el impacto de las mismas, la tasa de éxito de las titulaciones, el uso de nuevas metodologías docentes, la adopción de «buenas prácticas internacionales» o la capacidad para captar fondos para proyectos de investigación entre otros factores. La Consejería ha explicado, en este sentido, que pondrá especial atención a la atracción de talento extranjero y los programas bilingües de las universidades madrileñas.

Madrid es la única comunidad autónoma con más de una universidad que no dispone de regulación específica de su sistema de educación superior. Los plazos que maneja la Comunidad en este sentido es que el borrador del anteproyecto sea aprobado por el Consejo de Gobierno para que entre en el Parlamento madrileño sobre noviembre y pueda ver la luz definitiva entre Semana Santa y verano. De este modo, el próximo curso 2018-2019 empezaría ya respaldado por la nueva Ley.

Otro de los puntos que se han modificado han sido los requisitos para los nuevos proyectos de universidades privadas en Madrid, actualmente con ocho en todo el territorio de la Comunidad, pero con espacio todavía para seguir atrayendo nuevos proyectos, como han señalado fuentes de la Consejería. Estas tendrán entre dos y tres años de plazo para adaptarse a las exigencias de la LEMES, que prevé un régimen disciplinario sancionador para los incumplimientos reiterados.

También se redefine el papel de los consejos sociales de las universidades, un órgano de participación de las instituciones sociales en la vida universitaria y que a partir de que se apruebe la Ley deberán tomar parte a la hora de contratar la auditoría externa de la universidad y el alcance de la misma.