Rebelión vecinal en la urbanización de lujo La Florida

En concreto, las calles de este antiguo terreno de El Pardo, separado en 1946 de Patrimonio Nacional para ser urbanizado, son públicas desde 1990, cuando el Ayuntamiento las recepcionó asumiendo, con ello, todos los servicios de limpieza, alcantarillado, seguridad o mantenimiento. El citado autobús municipal conecta la urbanización durante todo el día con Moncloa, distrito al que pertenece.

Pero la junta rectora constituida en representación de los vecinos sigue defendiendo el carácter privado de la « ciudad Satélite de La Florida » y autogestiona costosos servicios de vigilancia, limpieza y abastecimiento de aguas. El presupuesto asciende a 1,5 millones de euros anuales aproximadamente, que deben sufragar los 309 propietarios de La Florida. De media, las facturas por «gastos de comunidad» rondan los 700 euros al trimestre . 3.000 euros anuales por barba.

Una veintena de estos propietarios lleva diez años en pie de guerra contra lo que consideran «un abuso», que han llevado a los tribunales. Denuncian que se exija el pago de unos servicios «ilegales» , como el de seguridad privada, que asciende a 700.000 euros anuales, y que es contrario a la ley por darse en la vía pública. De hecho, en 2013 la Delegación del Gobierno, entonces dirigida por Cristina Cifuentes , revocó la autorización concedida por el Gobierno en 1995 para la prestación de esta vigilancia privada en vía pública, por ser contraria a la ley. La resolución está firmada con fecha del 16 de enero de 2013 por la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, la junta rectora de la comunidad recurrió ante el Ministerio del Interior, que después de dos años y medio todavía no ha resuelto el recurso. «Lo han dejado en vía muerta y nadie responde por qué», se quejan los vecinos combativos. Mientras tanto, los vigilantes privados rondan las calles a diario y controlan los accesos desde las tres garitas construidas sobre las aceras, que el Ayuntamiento ordenó desmontar por la misma razón que rechazó las barreras:es suelo público. La resolución municipal la firmó el entonces concejal del distrito de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín . El grupo rebelado critica la «pasividad absoluta» del ahora diputado regional del PP , con el que se reunieron varias veces, sin éxito. «Esto es una ciudad sin ley. No sabemos por qué razón, aquí se hace lo que se quiere. El Ayuntamiento, aun siendo consciente de la situación irregular en La Florida, no ha reaccionado», denuncian los vecinos combativos, que han impugnado las cuentas desde 2005, anuladas consecutivamente por el juez.

La otra piedra angular del presupuesto comunitario de La Florida es el servicio de abastecimiento de aguas , presupuestado en las cuentas por valor de 390.000 euros anuales. En vez de conectarse al Canal de Isabel II, principal suministradora de la región, la urbanización gestiona la extracción y distribución para el riego y usos domésticos, esto es, el consumo de los vecinos. El agua se almacena en un gran depósito situado en paralelo a la autovía A-6, que es vigilado por el servicio de seguridad privado. De hecho, esta es ahora «la principal excusa» para mantener el contrato con la empresa de vigilancia, según los vecinos, que en todo caso denuncian el estado de abandono de los pozos de los que se extraen las aguas subterráneas. «Podemos enfrentarnos a un serio problema de salud pública».

Lo cierto es que tampoco el servicio privado del agua en La Florida está del todo reglado. Según confirman desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, competente en la materia, la urbanización obtuvo en 1995 un permiso provisional para el aprovechamiento de aguas subterráneas, pero no dispone de una concesión definitiva , ya que los pozos existentes –estos sí, privados– sufrieron modificaciones. La junta rectora recurrió el 8 de mayo de 2013 el final de la concesión de aguas, pero la Confederación del Tajo lo denegó. Pese a todo, La Florida se sigue autoabasteciendo.

En paralelo, los vecinos han denunciado el «estado de abandono» de las calles –con badenes irregulares «destroza-vehículos» dispuestos sobre las calzadas–, sin que el Ayuntamiento haya reaccionado en los últimos años. Ahora, se encomiendan al Gobierno de Manuela Carmena . La nueva concejal de Moncloa-Aravaca, Montserrat Galcerán, les recibió el pasado lunes 3 de noviembre, comprometiéndose a estudiar la situación. «Nuestro empeño es que se respete la ley en nuestras calles y que se reparen, al igual que cualquier otra vía pública de Madrid», aseguran los vecinos organizados contra la junta rectora.