El PSOE rechaza el modelo de Carmena para ceder locales públicos a asociaciones

«Hemos visto la necesidad de modificar en algunos aspectos puntuales las directrices para cesión de uso de espacios municipales», confirma Ramón Silva, concejal socialista, quien concreta que desde su formación no comparten, en algunos casos, «cómo se han gestionado» los procesos para la cesión de inmuebles municipales. «Hay situaciones en las que nos parece que la decisión ha sido razonable y que ha tenido amplio consenso, como en Arganzuela; pero hay en otros, como en Fuencarral, donde no», subraya el edil, que propondrá un cambio sustancial en el proceso el próximo lunes en el Pleno de Cibeles.

Por el momento, la decisión sobre si se cede o no un espacio público a una u otra asociación vecinal depende del área de Coordinación Territorial y Asociaciones, liderada por Nacho Murgui , junto con la Presidencia de la junta de distrito afectada en cada caso. El PSOE, en cambio, persigue con su proposición que el Pleno de cada distrito tenga más poder. «Aquí hay una carencia y por eso queremos introducir la opinión de los plenos, ya que como órgano de representación tienen que desempeñar un papel», explica Silva, que también adelanta el otro eje que articula su iniciativa y que va en la misma línea: «Que sea el Pleno del distrito quien apruebe la composición de la comisión técnica» que evalúa las diferentes candidaturas.

De esta forma, haciendo partícipes a todas las sensibilidades políticas, consideran desde el PSOE que el proceso de adjudicación de estos espacios ganaría en transparencia , puesto que se conocerían de ante mano los criterios objetivos que articularían este concurso entre las distintas asociaciones y colectivos interesados en un mismo espacio. Silva lamenta que, en el proceso de cesión de los primeros espacios municipales, en 2016, el PSOE no haya tenido constancia de estos criterios hasta una vez resuelto el proceso: «Nosotros como grupo municipal los hemos conocido a posteriori y las asociaciones, también».

«Queremos que el Pleno de cada distrito apruebe el baremo que va a regir la puntuación del informe técnico de la comisión técnica», ahonda el edil socialista, quien indica que actualmente los requisitos los elaboran entre «el Gobierno de cada distrito y la concejalía de Coordinación Territorial y Asociaciones» del propio Murgui que, según ha podido saber ABC, ya es consciente de la proposición del PSOE.

Una vez que el baremo esté confeccionado y la comisión técnica de cada distrito, en marcha, ésta evaluará las candidaturas presentadas y, de acuerdo con la idea del PSOE, remitirá su informe a los Foros Locales para que, si fuera el caso, le dieran el visto bueno desde el punto de vista social. Tras superar este escollo, las propuestas recalarían en las juntas de distrito para que el pleno afectado vote qué propuesta se ajusta más a los objetivos de la convocatoria y a las necesidades del territorio. Con estos trámites se evitaría cualquier sospecha de favoritismo hacia alguna candidatura.

La batalla por sacar adelante esta proposición aún se tiene que librar y el PSOE tendrá que buscar socios, bien en el Gobierno o, por el contrario, en las bancadas de PP y Ciudadanos. La propuesta tiene varios puntos pero el último es el que, a primera vista, podría suscitar más simpatía entre los concejales de la oposición. En concreto establece que, si finalmente el Pleno acuerda llevar a cabo la proposición socialista, «no se iniciará ningún nuevo proceso de cesión a las entidades ciudadanas hasta la publicación de las nuevas directrices», algo que, aunque los socialistas no quieran entrar en «si hay asociaciones que gustan más o menos», cerraría el camino a colectivos okupas como La Traba .

Eso sí, esta paralización no tendría carácter retroactivo, es decir, no afectará a los procesos que ya estén en activos, como explica Silva: «No vamos a pedir que se pare algo en marcha; lo que decimos es que se pare el proceso de cesiones hasta que se establezcan las nuevas directrices».

Prospere o no, la iniciativa del PSOE pone sobre la mesa que las primeras entregas de locales públicos a colectivos eran, cuando menos, mejorables.