El PSOE denuncia que los controladores de brazaletes «facilitan domicilios de víctimas» a maltratadores

ABC.es / AGENCIAS | MADRID
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La diputada socialista Josefa Pardo ha denunciado hoy en el pleno de la Asamblea diversas "anomalías" en la empresa que gestiona los 'brazaletes antimaltrato', Ero and Staff, entre ellas que algunos trabajadores que atienden a los maltratadores "coleguean con ellos", les dedican "frases de comprensión" y les "facilitan domicilios de víctimas". Según la parlamentaria esta empresa "no informa a la policía ni al juez cuando el maltratador pasa el círculo de contención que tiene prohibido, ni cuando el dispositivo se queda sin pilas, ni cuando el maltratador lo tiene descolocado". Además, ha asegurado, "las personas que atienden a los maltratadores, porque hablan personalizadamente con ellos y eso se graba, coleguean con los maltratadores diciéndoles en muchos casos frases de comprensión, además de facilitarles domicilio de víctimas".

Acusaciones a la Comunidad

Josefa Pardo, portavoz de Mujer del grupo socialista, ha pedido explicaciones sobre este asunto al consejero de Presidencia Justicia e Interior, Francisco Granados, al que ha reprochado que su departamento pague 449.099,85 euros a la empresa concesionaria de este servicio y luego "se lave las manos". "Se están pervirtiendo las medidas que dictaminó el juez", ha protestado la diputada, tras apuntar que, no obstante, no le extraña "viniendo" de Granados. El consejero le ha replicado que, el mismo día que la Fiscalía de Madrid denunció a varios trabajadores de esta empresa por permitir a cuatro personas

entrar en una zona a la que no podían acceder

elevar a categoría general hechos puntuales

Críticas a la externalización

La diputada socialista ha señalada a la externalización del servicio como causa del problema. "Han concertado que la iniciativa privada se encargue de ello. No hacen seguimiento ni evaluación de estos servicios. Esto nos lleva a que no se cumplan y se perviertan las medidas que dictó el juez", aseguró. En respuesta, Granados ha defendido que es mejor tener un servicio como éste externalizado que no tenerlo, como Andalucía y Castilla-La Mancha, y que lo que debería hacer el Gobierno España es "poner brazalete en todas las comunidades autónomas asumiendo sus competencias". "En Madrid existe este servicio porque lo ha puesto el Gobierno de Esperanza Aguirre", ha insistido, tras enumerar otros servicios y políticas de apoyo a las víctimas de la violencia machista que desarrolla la Comunidad de Madrid.

Denuncia de la Fiscalía

El pasado mes de septiembre, la Fiscalía de Madrid presentó una denuncia en los juzgados contra varios trabajadores de la empresa encargada de gestionar este servicio y contra cuatro hombres que presuntamente habrían quebrado sus órdenes de alejamiento pese a ser controlados por GPS. La denuncia se interpuso después de una de las empleadas del servicio afirmara que uno de los compañeros permitió a una de las personas con brazalete saltarse la orden de alejamiento. Granados recordó que el 17 de septiembre de este año la Fiscalía de Madrid dirigió un escrito a la Administración regional en la que le comunicaban las supuestas irregularidades en el servicio y

ese mismo día se abrió una investigación contractual

"hará todo lo que esté a su alcance"