Protesta policial contra el edil de Seguridad: «¡Barbero, no seas trilero!»

La protesta congregó al mediodía a unos 150 agentes, que criticaban que no les convocaban para negociar ni el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, de Ahora Madrid; ni la Comunidad, gobernada por Cristina Cifuentes, del PP. «Somos las UCS, Barbero llama a las UCS...» , coreaban los concentrados, que protestaban por la «eliminación unilateral de un día para otro» por parte del concejal de Seguridad y del director general de la Policía Municipal, Javier Barbero y Andrés Serrano, respectivamente, de la primera de esas Unidades Centrales de Seguridad, denominadas también «antidisturbios».

«No son represoras ni ejercen violencia porque lleven casco y escudo. Lo lleva también el Samur para proteger su integridad física. Somos complementarios y reforzamos a los distritos en situaciones de peligro, casos urgentes y grandes altercados», precisaron Víctor Martínez, responsable de administración local del CSIF, y José Luis Fernández Antón, encargado de la Policía Municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Parecidos gritos se escucharon el 16 de febrero cuando el escrache a Serrano y Barbero. La eliminación de la primera unidad de las UCS ha afectado a 135 agentes , que han tenido que elegir destino forzoso en los distritos mientras que otros están reforzando la segunda unidad, «que tendrá fecha de caducidad», subrayan. En total, son unos 300 agentes bien formados y equipados. «Resulta paradójico que la apuesta por reforzar los distritos se detraiga de efectivos de las UCS , al igual que los ciclistas de la Patrulla Verde», recalca Fernández.

«La seguridad se verá afectada a medio plazo cuando lleguen las fiestas patronales, los macrobotellones o cuando se produzcan disturbios y las patrullas de distrito necesiten apoyo; habrá que llamar al Cuerpo Nacional de Policía y ver si puede acudir », agrega. Eso, sin olvidar «el dineral que se ha tirado a la basura en formación y en material relegado a un almacén por el capricho de los políticos de turno».

En cuanto a las Bescam , las policías locales financiados por la Comunidad, los afectados solicitan a Cifuentes que ponga fin a la incertidumbre en la que están 2.500 agentes de 150 municipios, dado que este año finalizan los primeros convenios (que incluyen subvenciones de la Comunidad). «No se puede traer a una criatura al mundo y darle pañales para un mes. Esto es lo que ocurre cuando los políticos nos utilizan para sus fines partidistas . Municipios como Móstoles o Moraleja se están viendo gravemente afectados, pues se van a quedar sin servicios», precisó Alfonso Jiménez, coordinador de Seguridad Local del sindicato. Mañana serán recibidos por un miembro del Gobierno.