Los promotores del desarrollo del Sureste denunciarán al Ayuntamiento por bloquear 100.000 nuevas viviendas

La Junta de Gobierno municipal aprobó el pasado 25 de enero el Plan Director de la Estrategia de Desarrollos del Sureste, que pretende que esta operación se enmarque en términos de «sostenibilidad, equilibrio y responsabilidad social y ambiental». Para los impulsores del desarrollo, sin embargo, este plan no solo pone en entredicho la «seguridad jurídica» de los propietarios, sino que abre la puerta a la disolución de las juntas y retrasar la promoción al menos diez años.

«No se trata, en definitiva, de abordar un proceso de revisión del modelo territorial establecido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, sino de plantear la reprogramación del modelo de producción de suelo, articulado en torno a la estrategia de desarrollo del sureste, con el objetivo de establecer un nuevo marco de viablidad económica social y ambiental», argumenta el Plan Director sobre este desarrollo, que se ubica en los distritos de San Blas-Canillejas, Vicálvaro y Villa de Vallecas.

El argumento de las juntas de compensación es que este plan «no tiene validez» y únicamente se basa en un artículo de la ley de Capitalidad para modificar el PGOU, que tiene en el sureste uno de los elementos más relevantes.

Así, acorde a las previsiones de «necesidad de suelo para viviendas a corto, medio y largo plazo» en la zona, Urbanismo ha elaborado un calendario para la construcción progresiva de las diferentes viviendas, así como una notable reducción de la edificabilidad y de los ámbitos de ordenación, a no urbanizables en algunos casos. Los promotores, en cambio, discrepan y recelan de los plazos estipulados en el Plan Director. «Es inviable», aseguran.

El Consistorio ha articulado la construcción en dos fases, de acuerdo a la demanda residencial y de actividades económicas. El primero, que se enmarca entre los años 2022 y 2030, permitirá edificar 27.000 viviendas y 1,3 millones de metros cuadrados de edificabilidad para actividades económicas.

El segundo programa, entre 2031 y 2039, prevé dar luz verde a otras 26.000 viviendas y 1,2 millones de metros edificables . Muy lejos de los 105.000 previstos en una superficie de 4.400 hectáreas y de los 6,5 millones de metros cuadrados que se contemplan en el Plan General de hace veinte años.

Este calendario afecta a las promociones de Berrocales (22.200 pisos), Los Cerros (14.200), Valdecarros (51.600) y Los Ahijones (16.500), que aunque no está dentro de las posibles acciones legales, también forma parte del desarrollo urbanístico de la zona. Esta situación, avanzan, dibuja un escenario completamente distinto para los propietarios del ámbito, inmersos en una «inseguridad jurídica» porque los acuerdos que contrajeron ya no son válidos. En ese sentido, las juntas estudian hacer una segunda denuncia para reclamar al Consistorio las indemnizaciones que sean oportunas en función del dinero invertido, que en ningún caso bajaría de los 400 millones de euros de la inversión inicial.

Quienes podrían verse afectados por esta cuestión son la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Fomento, al pagar unas expropiaciones que no abonaron en la construcción de la M-44 o la M-31, que pasan por la zona. No afrontaron esos costes porque firmaron un convenio con las juntas en el que se les cedía gratuitamente el suelo a cambio de mantener la edificabilidad de los desarrollos.

Sin licencia de obra en la mayoría de los casos, solo Berrocales ha dado los primeros pasos en ese sentido, si bien creen que no es viable cumplir con la previsión del Gobierno local. Aseguran que aunque con el plan inicial podrían tramitar suelo urbanizable en dos o tres años y empezar a construir, ahora es «imposible». A su juicio, los cambios de planeamiento conllevarían una demora que, en el mejor de los casos, se iría a diez años vista. La actuación del Ayuntamiento, insisten, «es una noticia pésima» para la capital porque renuncia a la mayor parcela de suelo disponible para vivienda a estrenar, también pública. De hecho, el 50 por ciento de los pisos a edificar tendrá alguna protección.

Las juntas de compensación señalan que el bloqueo del Gobierno tiene unas consecuencias muy claras a medio plazo. El más evidente es el incremento en el precio de suelo finalista , que en los últimos tiempos se ha duplicado. «Con la escasez que hay en Madrid, renunciar a este ámbito es cerrar la puerta a miles de viviendas a un precio asequible, porque lo poco que haya se va a disparar », explican.

Otro problema es quedarse sin stock de viviendas y que se produzca un éxodo masivo a los municipios de la periferia, también con el riesgo de que suban los precios. Igualmente, que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid tengan opción de levantar vivienda protegida en la capital; un hecho que se reconoce en que de las 4.000 casas prometidas por Carmena solo se ha puesto en marcha el 20 por ciento. « Teníamos en El Cañaveral y en el Ensanche, pero todo se acaba », dicen.

Esta medida, añaden, se define por un claro «componente ideológico». Este extremo se reconoce en que el propio Plan Director explica que los cambios en la edificabilidad y el planeamiento remiten al Pacto contra la especulación y por el Derecho a la Ciudad, bandera de Ahora Madrid en las elecciones de mayo de 2015, y en su acuerdo de investidura con el PSOE.