PP y Ciudadanos entierran el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid

El debate, que debería haber sido muy técnico, ha tenido alguna deriva política e, incluso, de mal gusto. Por ejemplo. La diputada de Podemos María Espinosa estaba exponiendo el parecer de su grupo parlamentario y ha dejado caer que el antiguo Consejo Consultivo «era un cementerio de dinosaurios para que Esperanza Aguirre comprara a Joaquín Leguina». Ante esta frase, la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados (PP) se ha dirigido a la diputada podemita en tono serio y tajante: «Haga el favor de respetar la cortesía parlamentaria y la buena educación». María Espinosa ha asentido pero lo dicho ya estaba dicho.

Esta diputada de Podemos también ha cerrado su intervención de forma bronca y polémica : «Señorías, no sufran por futuro de los expresidentes regionales», ha dicho. «Leguina y Gallardón no tendrán ningún problema económico. Ignacio González tendrá un retiro dorado en su ático de Marbella».

Los socialistas, representados por Pilar Llop en la tribuna, han insistido en que la consultoría sigue siendo en la comunidad madrileña, un órgano «contaminado». Desde C's se ha defendido la nueva norma consultiva porque, según el diputado Juan Trinidad , el objetivo es «reducir gastos y ganar en profesionalidad». Ha dado mucha importancia a que el nuevo órgano que sale de la ley tendrá un mandato de seis años, «lejos de la perpetuidad» y, con ello, al margen de la duración de una legislatura. Este grupo, que ha votado con el PP, insiste en la necesidad de «no crear cargos de perpetuidad».

La defensa de la supresión del Consejo Consultivo por parte del PP ha corrido a cargo de José Enrique Núñez . «Es bueno para la Comunidad de Madrid porque dejamos un texto imparcial». Para apoyar sus palabras ha recordado que, como decimos, se crea una Comisión Jurídica Asesora que será el órgano colegiado superior consultivo de la Comunidad de Madrid y ejercerá sus funciones con autonomía jerárquica, orgánica y funcional. Además, será más barato para el erario público regional puesto que sus vocales serán nombrados mediante decreto del Consejo de Gobierno de entre los letrados de la propia Comunidad, funcionarios de carrera, con más de diez años de antigüedad, adscritos a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid , de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, mediante concurso y paridad entre hombres y mujeres.