Políticas Sociales dispone de un plan para residencias de mayores desde 2018 que no ha ejecutado

El plan, enmarcado en el programa para residencias de mayores 2017-2021 que anunció Cristina Cifuentes hace casi tres años, quedó perfectamente dispuesto y listo para su desarrollo en mayo de 2018. La consejería de Políticas Sociales y Familia, entonces dirigida por Carlos Izquierdo (PP), redactó incluso el pliego para la contratación de 180 plazas con perfil sociosanitario en los centros externalizados de la región, concebidas como un proyecto piloto para desarrollar posteriomente en todas las instalaciones susceptibles del cambio. Esta actuación, explican fuentes de ese Ejecutivo, se hizo después de implantar un modelo similar en las residencias cien por cien públicas de la Comunidad, con mejoras tecnológicas y avances como la conexión directa con los hospitales a través de videoconferencias.

El objeto de la Dirección General de Atención a la Dependencia y el Mayor, según consta en el pliego, era cubrir la asistencia a «personas que padecen pluripatologías invalidantes y, en muchos casos, incurables, que requieren estancias prolongadas en centros con plazas específicas que dispongan de servicios con una intensidad de cuidados suficientes para la atención que precisan». Desde el PP, que en la fecha gobernaba en solitario, recuerdan que fue «un gran paso» para lograr una atención «más especializada» . «Fue la conclusión de una estrategia con profesionales médicos y de diferentes ámbitos para abordar la situación de unos 300.000 mayores dependientes», detallan este diario en el partido.

El modelo sociosanitario marcó cinco líneas estratégicas: compartir información entre los sistemas social y sanitario; implementar la colaboración con el sistema de salud en el procedimiento, diagnóstico y valoración de las situaciones de dependencia; acordar y desarrollar un itinerario prestacional sociosanitario; incorporar intervenciones coordinadas en la comunidad y en el domicilio; y acercar el sistema público de salud a las personas residentes en instituciones.

Si bien el plan quedó preparado y únicamente pendiente de adjudicación, recogiendo para los futuros beneficiarios la obligatoriedad de prestar los servicios de alojamiento, cuidado personal, control y protección de los mayores y todo lo relacionado con la atención geriátrica y social, finalmente no llegó a ponerse en marcha. No ocurrió durante el mandato de Ángel Garrido , ni en el de Pedro Rollán -interino-, ni en la actualidad, ya con la coalición PP-Cs y con Reyero al frente de Políticas Sociales. Ante la pregunta de por qué no desarrollaron su proyecto, fuentes populares justifican que se trataba de un proyecto de «gran envergadura» y se optó por abordarlo en la siguiente legislatura. «El cambio no es tan sencillo», indican.

Sea como fuere, y con el equipo de Reyero trabajando en su propia estrategia para las residencias, este episodio se reconoce como una prueba más de la confrontación indisimulada que existe entre el PP y Ciudadanos a cuenta de la gestión de los centros de mayores durante el coronavirus. El consejero de Políticas Sociales y su homólogo en Sanidad, Enrique Ruiz Escudero , se han lanzado todo tipo de acusaciones desde el inicio de la crisis, con la convivencia entre ambos partidos cada vez más comprometida.