Las políticas con las que Pablo Iglesias pretende liquidar la gestión de Ayuso en Madrid

Las manifestaciones de Pablo Iglesias sobre los impuestos en Madrid van en dirección contraria a las políticas aplicadas. En varias ocasiones se ha referido al presunto ‘dumping’ fiscal madrileño por sus bonificaciones y exenciones en tributos como los de Patrimonio o Sucesiones y Donaciones. En mayo de 2020 decía en el Senado que «las grandes fortunas están deseando» pagar más impuestos por «patriotismo fiscal». Más adelante, señalaba que «nuestro sistema fiscal cuenta con mucho margen de subida», y destacaba que hay «entre 5 y 7 puntos de diferencia de presión fiscal en España frente a la UE».

Incluso su partido ha planteado un nuevo gravamen que sustituya al actual Impuesto sobre el Patrimonio y que no sería susceptible de bonificación por las comunidades autónomas, que ahora pueden hacerlo hasta el cien por cien, como es el caso de Madrid.

En rotunda oposición a esto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no sólo ha mantenido las bonificaciones en los impuestos mencionados, sino que estaba tramitando una rebaja fiscal con otras deducciones y además había anunciado una reducción de medio punto en el IRPF para todos los tramos fiscales, que entraría en vigor en la legislatura 2019-2023.

El 9 de octubre, tras una larga discusión política, mediática y judicial, el Gobierno central decretó el estado de alarma en la Comunidad de Madrid e impuso un cierre perimetral en la región. Recogía con ello las medidas de una orden del Ministerio de Sanidad que había sido recurrida por el Gobierno regional y tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sobre este particular, Pablo Iglesias señaló en Twitter: «Quienes llevaban semanas oponiéndose a tomar medidas en Madrid no solo ponían en riesgo la salud de la población, sino también la economía. No habrá recuperación sin control de la pandemia».

La política seguida por la presidenta regional en Madrid ha ido, desde el principio de la pandemia, por tomar medidas que permitieran conjugar el control de los contagios con la supervivencia del mayor número posible de negocios.

Así, Madrid ha mantenido abiertas sus fronteras y también ha dejado trabajar a bares y restaurantes, aunque con limitaciones de aforos y otros condicionantes, como una adecuada ventilación o el uso de mascarillas incluso en el interior.

Cuando el Ejecutivo regional puso en marcha las restricciones de movilidad en zonas básicas de salud, desde Podemos se criticó vivamente, por considerar que se castigaba a los barrios económicamente más desfavorecidos. «La gente tiene la sensación de que aquí se está hablando de segregacion. Ayuso intenta criminalizar la pobreza», decía Pablo Iglesias.

La Consejería de Sanidad sigue aplicando cierres de zonas básicas de salud, porque considera que funcionan para controlar la pandemia, en todo tipo de barrios: la exclusiva urbanización La Moraleja, en Alcobendas, ha tenido prohibición de entradas y salidas desde noviembre hasta febrero.

La aprobación de la nueva ley de educación, popularmente conocida como Ley Celaá, fue recibida con entusiasmo por Pablo Iglesias, quien dijo: «Se terminó la segregación por sexos en las escuelas financiadas con fondos públicos». En otro momento, indicó también: «No quiero que se financien con dinero publico escuelas que segregan y se dé dinero a los obispos para que separen a niños y niñas, les pongan uniforme y les obliguen a rezar».

El Gobierno regional defiende la enseñanza concertada y su mantenimiento. De hecho, comenzó la tramitación de la llamada Ley Maestra de Libertad Educativa para blindar los conciertos educativos. Más de 360.000 alumnos estudian actualmente en centros concertados en la Comunidad de Madrid .

Otro punto de fricción: las políticas de vivienda. Pablo Iglesias y su partido se declaran a favor de la intervención en el mercado inmobiliario, mediante la regulación del precio máximo de los alquileres. Algo que incluso ha sido causa de roces con la mitad socialista del Ejecutivo nacional. Iglesias se felicitaba el pasado 22 de enero de que «la Eurocámara pide que los Estados regulen los alquileres de viviendas». Pocos días después, insistía: «Seguiremos trabajando, por muy fuertes que sean las presiones y las campañas mediáticas, para que la próxima Ley de Vivienda regule los precios del alquiler y proteja el derecho constitucional a una vivienda digna».

En la Real Casa de Correos, Isabel Díaz Ayuso no es partidaria de intervenir, sino más bien de ampliar la oferta de suelo. Para ello, sacó a finales de enero 46 parcelas al mercado, para construir 6.646 viviendas, convencida de que sólo aumentando la oferta será posible contener los precios.