Policía y Guardia Civil investigan si algún agente filtró datos para espiar a los políticos

Fuentes de ambos Cuerpos consultadas por ABC recalcaron sus sospechas de que haya gente de dentro informando a otros de fuera. La polémica saltó después de que se supiera que González había sido seguido e, incluso, grabado con cámara oculta durante un viaje como presidente del Canal de Isabel II a Cartagena de Indias (Colombia) y durante otro, de carácter personal, a Johanesburgo (Suráfrica). En cuanto a Cobo, fue sometido a diversos seguimientos por la capital durante abril de 2008.

Los agentes tratan de averiguar si la elaboración de los informes cuentan con el «apoyo» de alguien qu facilitara información que sólo podían manejar agentes en activo, pues son los únicos que tienen acceso a la base de datos de la Policía Nacional.

Y no es el caso deMarcos Peña, quien hace casi dos décadas que se encuentra en excedencia del Cuerpo Nacional de Policía. Prestó servicio en Bilbao y, luego, en la Comisaría General de Información. Se dedicó después a la seguridad privada, hasta que, en junio de 2008, entró a trabajar como asesor en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

Lo que intenta, en este caso la Policía, es dilucidar si, desde la Brigada Judicial o Información, por ejemplo, se ha pasado algún tipo de datos para la elaboración de los citados «dossieres».

La situación en el seno de la Guardia Civil es muy similar. La investigación interna trata de aclarar si habían recibido información desde dentro del Cuerpo y si también pudiera haber algún funcionario en activo dentro de la trama.

Granados lo vuelve a negar

En cuanto al flanco puramente político de la polémica, por segundo día consecutivo, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior volvió a negar la mayor. Rechazó haber ordenado el espionaje o seguimiento a altos cargos políticos. Descartó haber redactado algún informe al respecto. Y, también, desmintió contar con un equipo especializado, al margen de la ley, trabajando para la Consejería. Francisco Granados lo negó de nuevo «con absoluta rotundidad».

El consejero lamentó el seguimiento realizado al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. «Es un compañero de partido y, a partir de ahora, una víctima más de esta trama. Celebro que haya decidido denunciarlo ante la Fiscalía».

Granados decidió ayer acompañar a Ignacio González a un acto que el vicepresidente tenía previsto celebrar en la sede Telefónica. Entre una nube de periodistas, quiso aclarar que el Gobierno de Esperanza Aguirre no tiene nada que ver con esta trama. «No existe ninguna organización de espionaje —dijo— montada por la Comunidad de Madrid. Lo que hay es una trama para acabar con el Gobierno de Esperanza Aguirre».

¿Pero quién ha podido espiar al vicepresidente de la Comunidad y al vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid? El nombre de Caja Madrid —entidad de la que Aguirre quiere desbancar a su presidente— estaba ayer en boca de muchos.

Caja Madrid

En este caso, Granados quiso echar un poquito más de leña al fuego cuando fue preguntado sobre la posible implicación de la Caja de Ahorros. «No veo descabellado nada, ni dejo de verlo. El Gobierno regional todos los días pone sobre la mesa decisiones que pueden afectar a personas poderosas, instituciones o empresas que puedan tener razones para montar una operación de este tipo».

Por su parte, Ignacio González —primera víctima de esta red de espionaje— afirmó sentirse «agredido en su intimidad». «Me parece una cosa absolutamente condenable, lamentable y reprobable. Es algo inadmisible, mafioso, inaceptable y no consentible en un estado de derecho».

La «mano derecha» de Aguirre en Sol insistió en que en el asunto hay dos hechos objetivos: que existe alguien que tiene información de su vida pública y privada, algo que «se conoce en el entorno», y que alguien «ha tenido mucho interés en gastar mucho dinero y mucha información en un montaje de seguimiento muy sacrificado».

Dirigentes del PP

Mientras, el responsable de Seguridad y Libertades públicas del PP, Federico Trillo, consideró que lo mejor que podían haber hecho tanto la presidenta regional, Esperanza Aguirre, como el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, es denunciar los hechos ante la Fiscalía para que se investiguen.

En la misma línea se pronunció la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, quien se sumó a la petición de que la Fiscalía investigue estos hechos y los clarifique.

El portavoz de Exteriores del Grupo Popular, Gustavo De Arístegui, insistió que no hay pruebas que vinculen ese espionaje con el supuesto servicio de «contravigilancia» del consejero Granados.