La Policía Municipal, al límite: 1.500 agentes menos y 65 millones en horas extra en plena crisis de seguridad

El Área de Seguridad, que dirige Inmaculada Sanz (PP), ha puesto pie en pared. Porque, además del riesgo para la convivencia que existe con este déficit en la capital de España (3,3 millones de habitantes, con un población flotante de más de 5 millones), están la fatiga de la plantilla y el desmesurado gasto en horas extra, única manera con la que se puede salir adelante en el día a día de una urbe con multitud de actos públicos, manifestaciones, sucesos de todo tipo y alteraciones del orden público.

En concreto, serán este año 65 millones de euros por horas extra y productividad (había presupuestados 26), frente a los 29,1 de 2020 (más del doble) y los 26,2 de 2019. Pero es que 2018, el último año completo de gestión de Manuela Carmena (Ahora Madrid) se saldó con 19,7 millones en este concepto, que ahora se triplica de largo.

La delegada municipal de Seguridad pone énfasis, en declaraciones a ABC, el «trabajo y esfuerzo ingentes de los agentes municipales» durante este año y el anterior, en plena pandemia, que ha supuesto «infinidad de servicios extraordinarios para el control y prevención de las medidas antiCovid» . Por ello, exige al Gobierno de España «la urgente necesidad» de que levante la tasa de reposición para los servicios de seguridad y emergencias. Para estos, puede ser del 100%. «Esta situación no es sostenible en el tiempo», y reclama: «Estamos sacando promociones en tiempo récord, una de 300 agentes y una de otros tantos que se van a incorporar, pero siguen siendo insuficientes».

Sanz se queja de que el sistema de seguridad por antonomasia del Consistorio sale adelante «a través de horas extraordinarias, pero no es una forma de funcionar»: «Los policías necesitan sus días de descanso y libranzas». Un ejemplo bastante clarificador: el refuerzo de 200 agentes los fines de semana por la noche (de jueves a domingo) para luchar contra el botellón, que lleva en marcha desde la decaída del estado de alarma, sale a 50.000 euros por jornada ; es decir, 200.000 a la semana y una media de 800.000 al mes, a cargo del contribuyente.

El Área de Seguridad asegura que ya ha abonado «por todos los conceptos retributivos extraordinarios más de 40 millones de euros, y están pendientes de abonar otros 17 millones, una parte de los cuales ya lo verán los agentes en sus nóminas de octubre , debido al inevitable decalaje existente entre la realización de jornadas y su abono».

Se queja Sanz, además, de que «el actual equipo de Gobierno ha solucionado el agujero retribuitivo que dejó la anterior Corporación con la Policía Municipal, con un sistema con gran dificultad de gestión por los numerosos conceptos retributivos y por la falta de códigos de gestión; y, lo más importante, por la falta de consignación presupuestaria que tenía».

Los agentes que patrullan la ciudad y que se tienen que enfrentar a las barricadas, lanzamientos de objetos y botellones en Ciudad Universitaria, parque de Berlín, Dos de Mayo, Templo de Debod y demás puntos calientes protestan: «Hacemos lo que podemos con los que somos. Demasiado. Pero no llegamos a todos lados» . La ciudad clama por un control de la inseguridad, que está creciendo con motivo de la ‘vuelta a la normalidad’. Este fin de semana ya abrirán las discotecas y locales de ocio nocturno hasta las 6 y con un aforo al 100%. Para colmo, se juntarán las fiestas del Barrio del Pilar, que más de un año han acabado en batalla campal.

La Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) afirma que viene «denunciando desde hace años la escasez de una plantilla, extenuada, que ha llegado a mínimos históricos, sin cumplir las ratios óptimas». Hace hincapié en «el aumento de carga de trabajo» y califica de «escasos los efectivos extras para los fines de semana». Critica, asimismo, «la falta de colaboración por parte de Policía Nacional, incluso el pasado fin de semana, negándose a colaborar en la plaza del Dos de Mayo» : «Reclamamos más efectivos y colaboración con Delegación de Gobierno, así como que se nos abonen los servicios extra del botellón, que llevan un retraso de 10 meses».

Desde el sindicato PLA/CSIT-UP cifran en un 20% la merma de la plantilla , que, además, «está muy envejecida»: «Esto afecta gravemente a la seguridad de los municipios y en especial a Madrid, que no pueden soportar la gran cantidad de servicios existentes. De no ponerse inmediatamente las distintas administraciones a solucionar esta carencia, la inseguridad podría crecer».