Podemos reclama, sin éxito, la ampliación de la línea 11 de Metro

De acuerdo con el texto de la ley, la «potencialidad en materia de movilidad de la L-11 de Metro para los distritos de Carabanchel y Usera está mermada por el hecho de no haber continuado desde la plaza Elíptica hacia el centro de la ciudad», lo que obliga a sus usuarios a realizar varios transbordos en caso de que su destino no esté en la zona de influencia de la línea 6 .

El diputado Oliver señala, en defensa de la propuesta, que la L-11, «conocida con el sobrenombre de la ‘M40 de Metro’, se proyectó con el objetivo de conectar las 10 líneas que atraviesan el centro de la capital hasta convertirla en la segunda circular de Madrid. Este proyecto, enterrado en el cajón de los recuerdos desde el 2005, estimaba su número de usuarios en 75 millones de viajeros al año, presumiendo, según los estudios realizados por la Consejería de Transporte e Infraestructuras de llegar a ser la tercera línea de Madrid por número de viajeros».

Añade que «su continuación permitiría estructurar la parte central y todo el arco este de la Red del Metro . Articularía e interconectaría los distritos de Carabanchel , Usera, Arganzuela, Retiro, Ciudad Lineal, Hortaleza y Chamartín».

Concretamente, conectaría «con Cercanías, L-3 y L-5 en Embajadores, con L-1 y Cercanías en Atocha-Renfe, con L-6 y L-9 en Sainz de Baranda, con L-2 en La Elipa, con L-7 en Ascao, con L-5 en Ciudad Lineal, con L-4 en Arturo Soria, con L-8 en el entorno del cruce de Arturo Soria con la A-2 y con Cercanías, L-10 y L-1 en Chamartín».

En su PNL, Podemos defiende que los estudios de viabilidad «efectuados por técnicos de Metro y de la extinta MINTRA y no aprobados oficialmente nunca» demostraban que técnicamente era factible ese trazado. En el año 2005, la posibilidad de esta ampliación se publicó como un proyecto que estudiaba la consejería de Transportes del Gobierno de Esperanza Aguirre.

La importancia de esta ampliación lleva a Podemos a solicitar en su proposición que se elaboren los estudios necesarios para acometer la tarea, y que haya un acuerdo entre todos los grupos políticos para que se aborden estas obras «por fases, en un plazo máximo de diez años».

Desde el PP, el diputado José Manuel Berzal ha reconocido que existen estudios para este proyecto, y que de hecho se actualizan periódicamente. Pero de momento «no nos comprometemos» en una fecha para realizarlo, porque el Gobierno regional considera que en este momento no se puede desviar «ni un euro de educación, sanidad o servicios sociales para hacer este tipo de infraestructuras».