Plan contra el fraude del realquiler de plazas en los aparcamientos públicos de Madrid

En una primera fase, ya en marcha, se han iniciado reuniones con las empresas concesionarias y con las comunidades de usuarios de plazas de residentes para que, según indican a ABC desde la concejalía, «tomen conciencia de que tienen la obligación de denunciar » estas prácticas. Ante la falta de pruebas con las que poder detectar a los defraudadores «se les ha solicitado su implicación para solucionar el problema».

Por un lado, el Consistorio les ha pedido la relación de las matrículas autorizadas para cotejar si se trata de las placas de los titulares y si cumplen con los requisitos establecidos. Además, el área que dirige Borja Carabante (PP) ha recomendado a las empresas que gestionan los aparcamientos que actualicen sus sistemas informáticos y que instalen los lectores de matrículas en los accesos al parking, ya que muchos de ellos usan este método en la parte de rotación, pero no en la de residentes. Así, el primer paso de este plan de inspección pasa por depurar las listas de espera de los aparcamientos públicos para conocer la demanda real.

En la segunda fase, que también se iniciará en los próximos días, se colocarán carteles informativos para advertir a los usuarios de que comenzarán las inspecciones, así como de las consecuencias jurídicas que implica cometer este uso irregular de sus plazas. Los funcionarios de Medio Ambiente y Movilidad serán los que realicen estas visitas a los aparcamientos y levanten las actas de inspección.

Cuando los técnicos comprueben que un titular de una plaza incumple sus obligaciones, iniciarán los expedientes administrativos correspondientes, que culminarán con la retirada del derecho de uso de la plaza. En el caso de identificar a un arrendatario irregular, se le abrirá un expediente sancionador. De acuerdo con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la multa podría elevarse hasta los 100.000 euros.

No obstante, antes de proceder a estas medidas, el Ayuntamiento realizará un requerimiento a los infractores. «En caso de no corregirse la práctica, se llevarán a cabo las consecuencias jurídicas», indicaron en la concejalía. Tras estos primeros pasos se va a proceder a realizar las inspecciones «in situ». Medio Ambiente ha decidido comenzar por los aparcamientos con mayor lista de espera, que son Chamberí –con 529 vecinos– y Arquitecto Ribera, en Barceló, –con 646 demandantes–.

Por otro lado, en consonancia con el plan anticontaminación Madrid 360 , se va a verificar si las matrículas de los autorizados que aparcan en Centro no sólo realizan un uso irregular de las plazas, sino que además deberían ser multados por acceder al área restringida.