El partido republicano de Coslada quiere vetar los símbolos y conductas religiosas

El único concejal del partido en la localidad, Manuel González Hernando , plantea la «Adhesión a la red de municipios por un Estado laico» y cuestiona que el artículo 16.3 de la Constitución Española señale que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad», con las «consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica». Según ARCO, en virtud de este precepto se han firmado tratados, como el acuerdo con la Santa Sede, que son «un insulto al estado español y sus ciudadanos».

La moción plantea que «no exista simbología religiosa» en ningún espacio público; que los actos institucionales sean de «carácter civil»; que la corporación y el personal «no muestren, en el ejercicio de su cargo o funciones, ningún gesto de sumisión o veneración de personas o imágenes religiosas ni participen en dichas manifestaciones»; o que ni Consistorio ni corporación «se encomienden a santoral, imágenes o rituales religiosos ».

Además, entre otros apuntes, incluye que « no se donará ni se facilitará suelo público ni financiación o exenciones fiscales para la realización de actividades»; y asegura que el cementerio del municipio será «exclusivamente civil» . «Las familias de los difuntos celebrarán los enterramientos que estimen pertinentes según sus creencias dentro de la legalidad e higiene», asegura el controvertido escrito.

La composición del Ayuntamiento tras los resultados de las elecciones del pasado 24 de mayo da al PSOE un papel decisivo en este caso. Con un concejal menos que el PP (7 a 6), ostenta la Alcaldía gracias a la abstención de Somos Coslada (5 ediles), la marca municipal de Podemos, e IU (3). Por afinidad ideológica se espera que ambos secunden la moción, pero la posición de los socialistas (ya sea abstención, a favor o en contra) decantará la balanza a uno u otro lado. El partido manifestó ayer a ABC que no ha tomado una decisión, si bien fuentes cercanas aseguraron su desacuerdo: «Algunas cuestiones son desproporcionadas». El portavoz del PP, Raúl López , lo considera «un despropósito y un atentado contra la libertad individual ».