Paloma Martín: «La ley de vivienda supondrá perder 730 millones y 5.700 empleos en Madrid»

—No les ha gustado nada en el Gobierno de Madrid la propuesta de Ley de Vivienda.

—Hasta ahora, los precios de alquiler de vivienda en España son libres. Con la nueva ley de Sánchez, los precios se van a ver intervenidos. Van a generar miedo en las familias e incertidumbre en los inversores.

—¿Qué efectos concretos puede tener sobre Madrid?

—Si trasladamos los efectos de la norma en Cataluña a la Comunidad de Madrid, lo que ocurrirá es que dejarán de iniciarse 2.370 viviendas al año de obra nueva destinada al alquiler libre, lo que supondrá perder una inversión de 730 millones de euros, y teniendo en cuenta que cada vivienda construida genera 2,5 empleos, afectaría al empleo de prácticamente 5.700 personas. La verdad es que estas medidas intervencionistas han fracasado donde se han aplicado y han aumentado las dificultades para acceder a una vivienda.

—Ustedes también quieren llevar esta ley al Tribunal Constitucional.

—Sí, presentaremos un recurso de inconstitucionalidad.Daremos la batalla política y las medidas que dependan de nuestra actuación no se llevarán a efecto, como definir las zonas tensionadas.

—¿Según esta norma, que no está escrita aún, eso sería una tarea de las comunidades?

— Se nos ha privado a las comunidades autónomas y al propio sector del conocimiento de la norma. Es más, todavía dudamos si está escrita o propuesta. Lo que sí conocemos es la propuesta que presentó Podemos en las Cortes, y pone de manifiesto una intervención directa en el mercado que produce unos efectos absolutamente nefastos: consiguen que haya menos viviendas en alquiler, que salgan menos al mercado, y por lo tanto, al haber menos oferta, como la demanda sigue existiendo, se encarecerán los precios. Y ello sin hablar del perjuicio económico y la oportunidad de generación de riqueza y empleo que se pierde para la construcción, un sector que tira de la economía más que ningún otro.

—¿Qué puede hacer el Gobierno de Madrid para blindarse ante esta futura ley?

—Lo que hacemos en Madrid es ofrecer a Sánchez las claves para facilitar el acceso a una vivienda sin tocar el ahorro de las familias. Entre esas claves, hay medidas muy concreta: deducciones fiscales en el IRPF para el alquiler y compra de jóvenes, por nacimiento y para arrendadores; modificaciones fiscales en Sucesiones y Donaciones; bonificaciones en Patrimonio; movilización de un millón de metros cuadrados de suelo público puestos en el mercado; flexibilización normativa para reducir trámites y ahorrar tiempo y dinero; y también planes de acceso en alquiler para jóvenes, como el Plan Vive, el Plan Alquila Joven o ayudas directas al alquiler.

—Son cosas que ya está haciendo la Comunidad. Pero si la ley se aprueba, ¿qué puede hacer Madrid para no aplicarla?

—Dependerá de lo que finalmente se incluya en el texto. Lo que quede a criterio de las comunidades autónomas o requiera una actuación concreta, la Comunidad de Madrid no lo hará.

—¿Qué le parece el cheque de 250 euros a los jóvenes para ayudar a pagar el alquiler de vivienda?

—En esta semana hemos conocido dos bonos, el del alquiler y el de la cultura. Está claro que Sánchez quiere dar bonos a cambio de votos, y yo creo que los españoles tienen un grado de madurez suficiente para saber que no pueden comprar su voto por unos bonos.

—¿Están notando que este tipo de políticas están echando para atrás a los inversores? ¿Tienen algún ejemplo?

—Tenemos el ejemplo reciente de Cataluña, donde se produjo esto el año pasado. Y los resultados han sido nefastos: un 55 por ciento de las decisiones de inversión se han parado, y un 13 por ciento ha trasladado su inversión a otro territorio. Cuando no se ofrece seguridad jurídica, cuando se cambian los criterios de la noche a la mañana y se interviene directamente el mercado, el inversor huye.

—El Gobierno central dice que esta ley iría contra los grandes fondos de inversión.

—Es su mantra; el 90 por ciento de la vivienda en alquiler está en estos momentos en manos de pequeños propietarios, que en la mayoría de los casos tienen los precios de alquiler como complemento a su renta e incluso como fuente de ingresos principal. Sin duda, viven de eso.

—Acaba de visitar uno de los suelos sobre los que se van a construir viviendas del Plan Vive.

—Sí, en Tres Cantos, donde se van a levantar 530 viviendas, dentro del Plan Vive. Forman parte de las 5.400 que se han adjudicado recientemente y que comenzarán a levantarse a partir del mes de diciembre.

—¿Cuándo empezarán a alquilarse?

—El plazo de ejecución de las viviendas oscila desde los 12 meses para las que se construyen con módulos industrializados, que es una forma de construcción vanguardista que se ha incorporado en estas construcciones, y los 18 meses de la fórmula tradicional. Se ha hecho ya la adjudicación provisional, queda pendiente la definitiva, que se hará antes de fin de año. Y luego la empresa tramitará las licencias; en función de la agilidad de estos plazos, que oscilarán entre 2 y 4 meses, empezaremos a ver las primas grúas del Plan Vive en la Comunidad.