Los organizadores del acto pro-referéndum suspendido por el juez anuncian un nuevo evento

Así lo ha anunciado esta mañana la plataforma «Madrid por el derecho a decidir» en una rueda de prensa celebrada en la librería Traficantes de sueños. Los portavoces han cargado duramente contra el Estado de Derecho, poniendo en cuestión tanto la elección del magistrado para resolver el recurso interpuesto por el Grupo Municipal Popular como la resolución posterior del mismo. «Tenemos las sospechas de que no ha habido sorteo en la elección», han incidido, bajo la idea de un exceso en las prerrogativas acometidas por el juez José Yusty, al que consideran «afín ideológicamente» al PP.

El número 41 de la lista de Ahora Madrid, Pedro Casas, quien solicitó el espacio de Matadero al Ayuntamiento, ha catalogado de «aberración jurídica» el auto judicial y ha comparado las presiones sobre la alcaldesa, Manuela Carmena, y la concejal presidenta de Arganzuela, Rommy Arce, con las que reciben los alcaldes de Cataluña por no ceder espacios municipales para la consulta del 1-O, tal y como denunció el portavoz del PP de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

«Este acto no es una realización del referéndum por lo tanto no tiene nada que ver en absoluto con la suspensión del Tribunal Constitucional sobre el decreto que desarrolla el referéndum», ha afirmado Casas. Otra de las convocantes, Elena Martínez, ha advertido que ante posibles nuevas prohibiciones la respuesta será mayor. «Vamos a delinquir sí, con ese nuevo delito de hacer apología de la libertad de expresión, apología de la democracia», ha remarcado.

Los convocantes han leído un manifiesto firmado hasta ahora por unas 80 personas -entre ellas el edil del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato , los concejales de Ahora Madrid Montserrat Galcerán y Pablo Carmona y los diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra y Raúl Camargo -, en el que reivindican, entre otras cuestiones, el derecho a decidir, no solo sobre la autodeterminación de Cataluña, sino también respecto a los «necesarios cambios políticos y sociales que hay que introducir en el régimen del 78 surgido de una transición tutelada». Comparan, además, los casos de la provicia de Quebec en Canadá o el de Escocia en el Reino Unido para exigir al Gobierno español que «la consulta se realice con plenas garantías democráticas, sin oponer obstáculos y respestando escrupulosamente la decisión que de ella se derive».