Operación Orión: así funcionaba la presunta trama de narcos con funcionarios de prisiones

ABC ha pulsado a fuentes del caso pero también a distintos funcionarios de prisiones, compañeros de los ahora encartados. Tres de ellos se encuentran en prisión provisional en Estremera (Madrid VII), la cárcel más moderna de la región, que cuenta con un módulo de custodia para este tipo de reos, como el destinado a policías y guardias, funcionarios de prisiones, jueces y perfiles similares (para evitar represalias) que existe en Alcalá-Meco (Madrid II). Los otros dos arrestados han podido eludir la medida cautelar (aunque llegaron a pisar Estremera), tras el abono de fianzas de 5.000 euros por cabeza. Los dos registros domiciliarios practicados y sus testimonios han permitido su puesta en libertad condicional y con cargos. Están investigados por cohecho, prevaricación, delito contra la salud pública y organización criminal.

Todo comenzó con el relato de una madre que tiene a su hijo entre rejas y que es toxicómano. Lo veía peor de lo que entró y, además, le pidió que ingresara dinero en una cuenta corriente para saldar una deuda por drogas, pues estaba amenazado. Y eso que durante la pandemia se eliminaron las visitas a los penales en los tres meses que duró el confinamiento. En junio de 2020, se empezó a abrir la mano, pero poco a poco, dependiendo de la situación epidemiológica de cada centro y de las incidencias en el municipio y la provincia en que estuvieran ubicados.

También afectó a los vis a vis y a las comunicaciones en locutorios, con dos en vez de cuatro visitantes y con un funcionamiento de entre el 75% y el 50% en algunas cárceles. Todo ello ha supuesto una bajada muy significativa de la presencia de drogas en las prisiones, pues la mayoría de la que entra la meten los familiares de los reos. Los responsables notaron también un incremento de los estupefacientes en los cacheos y registros en las celdas.

El director de Navalcarnero elevó un informe a la Guardia Civil , que se puso en marcha. Tras tomar declaraciones a internos, se pudo identificar a los sospechosos de ambos lados del caso: los trabajadores y los presos , así como a sus familiares metidos en el ajo.

Se descubrió que, presuntamente, un grupo de dominicanos (uno de ellos, internado por tentativa de homicidio) y, al menos, un preso de Europa del Este consumían y vendían sustancias prohibidas dentro de la cárcel. También, que manejaba teléfonos móviles, algo totalmente prohibido.

Las investigaciones, en la que no han faltado pinchazos telefónicos y registros, culminó el miércoles con la detención de cinco funcionarios y 13 personas más (seis presos y el resto, familiares). La trama, supuestamente, consistía en que los parientes de los encarcelados pasaban hachís a los empleados de Navalcarnero , que lo metían como paquetes en el centro aprovechando que no son sometidos a controles, según obra en el sumario, que ya está abierto.

Calculan que manejaron 100.000 euros, que pagaban por transferencias en al menos tres cuentas a nombre de testaferros. En los registros en celdas y taquillas no se han hallado estupefacientes, pero sí instrumentos de consumo.

ABC ha hablado con compañeros de los funcionarios. De los tres encarcelados, Santos y Julio, «son súper reglamentarios, muy rectos»: «Es inimaginable que se hayan metido en eso».

En cuanto al tercero, ya jubilado y conocido como César, el ‘Tirín’, tienen más dudas, pues sí que estuvo encausado en un asunto de drogas en los años 90 , aunque quedó archivado el asunto. Los otros dos, en libertad condicional, se llaman Carlos y Julio. «No necesitan el dinero, casi todos tienen pareja y dos sueldos: solo el primero, que está casado con una procuradora, ingresa más de 5.000 euros al mes en casa. Además, son de turnos distintos, casi ni se hablaban entre ellos, no tenían conexión», indica otro compañero. «Estas cosas perjudican mucho a nuestro colectivo, de 25.000 personas entre funcionarios y personal laboral. Nos dejan como si fuéramos corruptos», se queja otro.