La oleada de denuncias que espera a Carmena por la anulación del «Distrito Castellana Norte»

Una potencial reclamación ante la Justicia que podría ser el detonante para que Adif y Renfe emprendieran también acciones legales por anular la operación Chamartín. Las dos entidades públicas ya enviaron una carta al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo , –solo un día después de que el Pleno ejecutara la muerte del proyecto original– instándole a reconsiderar la propuesta. En la misiva recordaban que fue «aprobada por el Ayuntamiento en febrero de 2015» y amenazaba que de no hacerlo, denunciarían para ser «resarcidos por los daños y perjuicios». Concretamente, los 700 millones de euros en obras ejecutadas o ejecución como la del Cercanías Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - T4-Chamartín.

En este escenario, en el que los promotores además prevén presentar un segundo requerimiento como compensación por los 120 millones invertidos , el Ayuntamiento se queda absolutamente sólo en su nuevo plan para los terrenos de Chamartín. De hecho, tampoco se descarta que alguna asociación vecinal –el 80% de las del distrito apoyan el planeamiento original– denuncie asimismo al Consistorio.

Aunque se trata de iniciativas judiciales diferentes «motivadas por intereses distintos», los actores involucrados coinciden en denunciar que el Gobierno municipal ha actuado de manera «arbitraria» .

Así lo expresó ayer la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que destacó que la anulación del proyecto es un ejemplo más del «urbanismo ideológico de Podemos». «El recurso se presenta a requerimiento de los servicios jurídicos, al entender que se estaba produciendo perjuicio patrimonial a todos los madrileños ». explicó , tras recalcar que el nuevo plan reduce a la mitad las infraestructuras y los puestos de trabajo que se podrían crear –en un principio, cifrados en 120.000–.

Mientras que Fomento y Adif tienen intereses sobre terrenos que están en juego, la Comunidad «más allá de una pequeña porción que pertenece a Canal de Isabel II Gestión» no tiene parcelas afectadas. No obstante, el Ejecutivo regional si se ve perjudicado en tanto en cuanto Carmena ha tirado por tierra «más de 20 años de trabajo entre las administraciones». «Ha tomado una decisión sin el consenso del resto de implicados, que habían firmado un convenio el 10 de noviembre de 2011 que sigue vigente», recordó. Ese documento obliga al Consistorio a aprobar en Plan Parcial que permitiría el desarrollo de DCN.

Asimismo, acusó a Ahora Madrid y, por ende al PSOE –que ayer criticó el recurso de la Comunidad– de conculcar los principios de buena fé y de confianza legítima entre administraciones. «El Ayuntamiento podría incurrir en una desviación de poder», defendió la presidenta.