La moratoria de Madrid Central se enfrenta a dos recursos judiciales
El juez tendrá que resolver entre el lunes y el martes la petición de medidas cautelarísimas exigida por el PSOE
El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) se enfrenta a sus primeros recursos judiciales con motivo de Madrid Central. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pepu Hernández , interpuso ayer en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la Gran Vía un recurso contra la moratoria de las multas del área de bajas emisiones y exigió, además, que se adopten medidas cautelarísimas para revertir una decisión que pone en riesgo la salud de los madrileños, según su argumentario. Los socialistas consideran también que existe una «posible desviación de poder», ya que el artículo 247 de la ordenanza de Movilidad Sostenible, en el que se basa el Gobierno de PP-Cs , «no ampara» esa determinación. El juez deberá pronunciarse si atiende o no a la urgencia del PSOE entre el próximo lunes y martes.
Ecologistas en Acción y Greenpeace se sumarán a la batalla judicial hoy viernes, presentando también en el mismo juzgado otro recurso y solicitando, estratégicamente, que se impongan medidas cautelares. Como es difícil que prosperen las cautelarísimas con una moratoria acotada, cuyo plazo máximo es de tres meses, esperan que el juez acepte las cautelares. Ecologistas y Greenpeace se fundamentan en que el Ayuntamiento pretende «desvirtuar una medida que tiene una arquitectura legal impresionante por la puerta de atrás», como transmite Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción.
Los socialistas consideran que la moratoria de las sanciones es «ilegal y lesiona gravemente los derechos constitucionales» de los madrileños «a la protección de la salud y a disfrutar de un medio ambiente adecuado». A lo largo de 30 páginas defienden que no se puede aplicar el artículo 247 de la ordenanza de Movilidad en este momento porque ese apartado habla de realizar un periodo de pruebas sin multas antes de implantar la medida y no después. Tampoco, argumentan, «se ha producido una modificación sustancial de los sistemas de acceso». «Ese artículo está pensado para una finalidad completamente distinta a la esgrimida por el gobierno de la derecha», criticó el portavoz socialista, Pepu Hernández.
Sobre el recurso del PSOE, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, mostró ayer su respeto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, pero subrayó que antes que judicializar la actuación municipal hubieran preferido «un debate sobre el fondo de lo que debe de ser Madrid Central y qué medidas se deben adoptar para hacer compatibles las necesidades de movilidad y la mejora de la calidad del aire».
Carabante recalcó que la moratoria cuenta «con pleno confort jurídico», basándose en el artículo 247 de la ordenanza de Movilidad, mismo artículo, señaló, «que utilizó el anterior Equipo de Gobierno en el primer periodo de aviso, en el que el PSOE no recurrió la decisión; mismo artículo que utilizó a partir del 28 de febrero para una segunda ampliación del periodo de aviso, que tampoco fue recurrida por el PSOE». Además, apostilló, los socialistas tampoco se han pronunciado sobre la «moratoria encubierta» de Carmena en Madrid Central a los vehículos B y C.
El indulto de Carmena
El responsable del área aprovechó el encuentro con los periodistas para denunciar públicamente que, como informó ABC en exclusiva a mediados de junio, desde que comenzó la fase sancionadora en el área de bajas emisiones el pasado 16 de marzo hasta la actualidad «sólo se sancionó a los vehículos que accedían sin etiqueta»; es decir, los diésel previos al año 2006 y los gasolina anteriores al año 2000. « Los vehículos B y C no han sido sancionados y, por tanto, ha habido una barra libre de acceso a Madrid Central», matizó. Carabante precisó que se perdonaron las multas a vehículos que «no cumplían los requisitos de la ordenanza de Movilidad».
La moratoria establecida por PP y Cs para auditar el sistema con los fallos detectados no es motivo suficiente para PSOE y las plataformas ecologistas para suspender las multas. «El objetivo de esta medida es proteger la salud de la gente. Si hay un problema y no se está haciendo bien, que se arregle», declara Segura, portavoz también de la Plataforma en Defensa de Madrid Central.
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