El miedo de los vecinos desalojados por el derrumbe de Lagasca: «El Ayuntamiento debió actuar antes»

El edificio, en rehabilitación desde hace meses y con todas las licencias en regla, estaba acordonado y a la espera de su demolición desde que el pasado 8 de noviembre muriera sepultado un obrero por el derrumbe de cinco forjados interiores. Fueron los propios vecinos, alertados por un «fuerte estruendo» , los que avisaron –en torno a las 10 horas– a los servicios de Emergencias. Una vez analizado, los técnicos municipales comprobaron daños en su estructura y decidieron agilizar el derrumbe. Como prevención, fueron desalojadas las viviendas y comercios de los números 48, 33, 35 y 37 de Lagasca y, parcialmente, los portales 25, 27 y 29 de Goya. Según fuentes del Samur Social, regresarán progresivamente a sus casas en un plazo de entre cinco días y una semana, si bien podrán reducirse los plazos.

El principal problema para la demolición es la enorme grúa ubicada en el interior. Anclada a varios de los edificios anexos, existía un riesgo «importante» de que venciera en el caso de repetirse el colapso. Su desmontaje, que comenzó ayer por la tarde y terminará hoy, es el primer paso para el derribo definitivo . «Una vez lo quitemos, todo será mucho más fácil y rápido», apuntaron desde el Consistorio. La calle de Lagasca permanecerá cortada mientras se desarrollen los trabajos en el inmueble afectado.

Los vecinos, a cuenta gotas, abandonaron sus casas con resignación y cierta desolación, provistos de maletas . Muchos de ellos, según denuncian, se temían lo peor desde el accidente de hace veinte días. « Estamos en vilo desde hace dos semanas , no sé por qué se ha hecho ahora y no en un primer momento», declaró uno de los afectados.

El denominador común, en cambio, fue la premura para recoger sus enseres. «Ha sido muy deprisa, solo hemos podido coger medicinas y algo de ropa; si pasó hace tiempo, se podría haber avisado antes», explicó otro. Al lugar del suceso se desplazaron el edil de Seguridad, Javier Barbero , y la portavoz del grupo popular, Esperanza Aguirre , que denunció la demora en la actuación y el perjuicio a los comerciantes.