Miedo en Valdeavero por la libertad del Toba, el presunto pederasta en serie

Así queda recogido en el auto, presentado por el veterano abogado Juan Manuel Medina, representante de algunas de las familias, y al que ha tenido acceso ABC. En julio de 2020, se presentó la primera denuncia a la Guardia Civil. Presuntamente, Cristobal L. C tocaba a un grupo de niños (de entre 3 y 14 años en el momento de los hechos) amigos de sus hijos en sus genitales, casi siempre en la frutería, en pleno centro de la localidad. Siempre bajo amenazas o a cambio de regalos del local, como golosinas. Él asegura que todo es una conspiración de los menores, aunque existen hasta 16 denuncias en su contra.

La titular del juzgado número 5 de Alcalá de Henares, decretó la puesta en libertad condicional, puesto que no ve capacidad de fuga y destrucción de pruebas , bajo las siguientes condiciones: una orden de alejamiento de 500 metros de los niños, así como la imposibilidad de vivir en el pequeño municipio de Valdeavero.

Asimismo, tiene prohibido comunicarse con su denunciante a través de cualquier medio, ya sea telefónico o telemático, y de establecer contacto escrito, verbal o visual por sí mismo o a través de terceras personas. También debe personarse cada lunes ante el juzgado y comunicar si cambia de domicilio.

Por otro lado, la principal alegación utilizada por la defensa del investigado para reclamar su puesta en libertad, consistente en una supuesta enfermedad mortal, que no se ha especificado y sobre la que no se aporta ningún documento médico que la avale. Además, mencionan la necesidad del acusado de estar con sus hijos, un niño y una niña de edad parecida a la de las supuestas víctimas.

En el auto la defensa de las familias de las supuestas víctamas plasma que «la gravedad de los hechos por los que se investiga al acusado y la entidad de la pena a la que se enfrenta son fundamento suficiente para acordar la prisión provisional». Recuerda que se trata de un caso en el que hay « 11 denuncias por abusos sexuales continuados a menores ». También reitera en varias ocasiones que «la gravedad de la pena puede (...) justificar por si sola la adopción de la medida».

También, en el auto se pone en manifiesto que el acusado reside «a no más de 20 km de los domicilios de las víctimas», lo que «no garantiza su seguridad y, por el contrario les resta toda tranquilidad y sosiego». Asimismo se asegura que «la inmediata puesta en libertad del investigado ha producido graves desbalances psicológicos en los menores de edad, así como en sus progenitores y resto de familiares» y que «buena parte de ellos se encuentran actualmente en tratamiento psicológico», algo que puede probarse en los informes psicológicos presentados.