Más de 20.000 afectados por el infierno de la fundición de Getafe

La fábrica, erigida en el polígono de Los Ángeles en la década de los cincuenta, está a unos pocos cientos de metros —entre 200 y 500 metros— de bloques de viviendas, colegios e institutos, que se construyeron mucho después. Este «sinvivir», en palabras de Mariano, uno de los afectados, se remonta a 2006, cuando los vecinos del barrio de Juan de la Cierva exigieron medidas contra el ruido que soportaban a diario. Entonces, el Ayuntamiento de Getafe y la empresa firmaron un protocolo en el que acordaron el traslado de la fábrica . Por supuesto, nunca se puso en práctica.

«El protocolo lo hicieron para callarnos; desde el Ayuntamiento han dejado claro que el traslado es inviable», confía a ABC otro vecino, residente de Los Molinos. Muchos de ellos se dieron de bruces con este infierno después de comprar sus pisos. «Nos dijeron que la estaban quitando, que en 2012 la habrían trasladado», lamenta Mariano, que vive en la zona con su mujer, Sagrario, desde 1994.

Los problemas no se restringen al incesante ruido. La fábrica es la tercera más grande de la Comunidad de Madrid y, por tanto, de las que más partículas y gases contaminantes emite . Bajo la atenta mirada de las enormes chimeneas, una vecina recuerda que, siempre que recogía del tendedero la ropa de su bebé, debía lavar las «partículas negras» que manchaban la tela blanca. Y un «polvillo oscuro», como lo describe Mariano, cubre sus casas, por mucho que limpien. Las noches y los fines de semana, cuando la fábrica está en pleno apogeo, «es peor». «Huele fatal, a óxido», comenta otro. «Parece la fumata del papa, de todos los colores», bromea Sagrario.

La preocupación de los vecinos derivó, en 2016, en la creación de la Plataforma de Afectados por Corrugados . Los que más sufren las consecuencias de la siderúrgica residen en los barrios de Los Molinos y Juan de la Cierva: más de 20.000 personas, además de un millar que también viven en la zona, «con problemas de salud y que se encuentran mejor cuando no están cerca», según Cristina Hormigos, miembro de la comisión de veinte personas que está en pie de guerra por la salud de los vecinos.

El mismo año en que nació este grupo de trabajo —la última vez que se reunió, este martes—, la fábrica debía renovar su Autorización Ambiental Integrada (AAI), la licencia que concede la Consejería de Medio Ambiente y que exige una inspección anual y controles exhaustivos. Con ayuda de Ecologistas en Acción, los afectados constataron que su vecino de hierro incumplía la normativa : superaba los límites legales de emisión de partículas, como las PM10 (metálicas, de hollín, ceniza...), y contaminación acústica. Además, faltaban muchos otros datos y mediciones.

No obstante, desde la Comunidad insisten en que las trece inspecciones realizadas desde 2014 están «en orden» y que, «cuando algo se ha tenido que subsanar, se ha hecho». Claro que los vecinos no están de acuerdo. Muchos apuntan a «chivatazos» : «Viene la furgoneta y está ahí parada una semana, pero la fábrica no hace lo mismo que todos los días», cuentan.

Mientras, la empresa afirma que «cumple escrupulosamente con todas las normativas medioambientales nacionales y europeas». Y asegura que ya «se ha finalizado una primera fase del plan de minimización de ruidos acordado con la Comunidad de Madrid». Enfrente, los vecinos mantienen sus quejas: «El ruido es tan alto que tienes que subir la televisión». Algunos han presentado denuncias ante la Fiscalía, pero no hay cambio de rumbo. «Hace tiempo fui a por firmas y no firmaban porque les iba en ello un puesto de trabajo», explica Sagrario. En la fábrica trabajan 110 empleados y, según la empresa, da empleo «a más de 400 personas de forma directa e indirecta». «Es verdad que se juegan su trabajo; nosotros nos jugamos la salud» , zanja otro vecino.

Por ahora, nada apunta a que el gigante y sus vapores se muden a otro lugar. Las administraciones, tanto regional como municipal, señalan que es una decisión de la propia empresa. En un principio se barajaba el polígono empresarial de La Carpetania, aunque los afectados se han resignado: «Solo queremos ver si cumple la normativa, con datos» , dice Cristina, que ha escrito varias misivas al Defensor del Pueblo.

La institución ya sugirió el traslado e instó a la Comunidad y al Ayuntamiento de Getafe a tomar cartas en el asunto. El Gobierno municipal repite que «no tiene competencias» . En caso de que sirva de consuelo, esta es su respuesta: «Estaremos con los vecinos en todo momento».