Las mafias usan a discapacitados para uniones de hecho falsas

Las tretas para quedarse en nuestro país de personas extranjeras, principalmente extracomunitarias, son bastante numerosas. Sin embargo (y sin ser la modalidad más extensa), los matrimonios y, sobre todo, las uniones de hecho de conveniencia son los casos más llamativos y utilizados por las mafias. Hasta el punto, dicen fuentes policiales, de que los investigadores se están encontrando a organizaciones criminales con tentáculos internacionales que están utilizando a personas en situación económica muy precaria y necesitados de dinero rápido, también a toxicómanos, e incluso convencen discapacitados intelectuales.

La pandemia pero también los ciclos habituales de la delincuencia (con picos de sierra, en muchas ocasiones fruto de los continuos golpes policiales) arrojan en este sentido cifras a la baja: en 2019, se solicitó la extinción de 358 expedientes de parejas de hecho, dato que bajó a 126 casos el año pasado , en plena crisis del Covid-19.

En la Brigada de Extranjería y Fronteras de Madrid ponen el dedo en la llaga: «Existe un caos en las uniones de hecho porque hay registros municipales en los que se piden unos requisitos y en otros no» . De hecho, los responsables policiales han mantenido una reunión con los del registro de la Comunidad de Madrid para solventar esta realidad. Las legislaciones sobre uniones de hecho son de carácter regional y en la nuestra no hay que comunicar los datos municipales al organismo autonómico, al contrario que Galicia. Por ello, se está planteando su modificación.

«Existen personas que están dadas de alta en el registro de la Comunidad pero a la vez en el de un municipio. En uno puede figurar como uno de los miembros de esa unión y en otro como testigo de una pareja. O la misma ‘contrayente’ en varias uniones», explican. La normativa actual pide, además de dos testigos, que la pareja lleve al menos un año de convivencia, pero en ciertas localidades lo único que solicitan es el pasaporte y dos testigos. Por ello, la Policía está «detectando duplicidades».

Esas disfuncionalidades son, precisamente, las que aprovechan las mafias para hacer su particular negocio. Están consideradas organizaciones criminales (con estructura, reparto de funciones, fines delictivos...) que cobran por sus ‘servicios’ en función del perfil de quienes las contratan (se aprovechan de su grado de necesidad y su inexperiencia). La media se mueve entre 6.000 y 8.000 euros, aunque hay clanes que pueden solicitar hasta 13.000.

Suelen tener a personas en el país de origen como conseguidores y otras en España, para captar a los ‘contrayentes’. El fraude es mucho más alto en las uniones de hecho que en los matrimonios, porque estos segundos pasan por el registro civil, no el municipal ni el de la región.

La mayoría son de origen africano (especialmente, de Marruecos y Argelia), pero también hay muchos latinoamericanos y, en menor medida, asiáticos. Las redes asentadas en Madrid ‘bucean’ en barrios, sobre todo desfavorecidos : «Tienen sus contactos y saben cómo acercarse a los involucrados, les ofertan las posibilidades, les explican que ni siquiera tienen que consumar el ‘matrimonio’ y que en dos años se pueden divorciar, y terminan aceptando. Se trata de personas que viven en una gran precariedad, que se han quedado en paro, que no llegan a final de mes, o que tienen necesidad económica porque son drogodependientes. También buscan a discapacitados intelectuales, pero no con un grado altísimo, porque entonces en el registro se darían cuenta. De hecho, hay ocasiones en que estos funcionarios nos avisan porque sospechan», indican nuestras fuentes. A esta parte de la trama les pagan entre 3.000 y 4.000 euros y el resto se lo queda la mafia.

Las organizaciones criminales están relacionadas con los países de procedencia, son de esas nacionalidades. Se calcula que hay entre ocho y diez operando en la región. El delito principal es la falsedad documental (en caso de que se alteren o creen de manera ilegal los papeles que se presentan) y la falsedad ideológica (la finalidad es irreal), por lo que tienen poco castigo penal. Además, existe un reproche social mínimo hacia estas prácticas, así que es una rueda difícil de parar, pese a los continuos controles policiales.

«Tenemos grandes problemas a la hora de investigar, a no ser que se trate de redes en las que también se practique la trata», explican los expertos. «Hay ayuntamientos que nos han confesado que de buena gana cerraban el registro porque solo les dan problemas. Por eso se quiere reformar la ley autonómica», insisten. Las redes suelen estar relacionadas con otros tipos de delitos, como el tráfico de drogas.

El asunto de la trata no es baladí, a tenor de las decenas de anuncios que existen en foros de internet. En este, publicado ayer mismo, queda patente el proxenetismo de su autor: «Hola, soy chico guapo, educado, culto, cariñoso, pasional. Busco a una chica transexual muy femenina con pecho para casarme, bien por relación estable, bien por matrimonio de conveniencia (a cambio de dinero o ‘trabajar’ juntos). Interesadas, escribidme por favor con presentación y propuesta. 44 años».

Otra variante, mucho más común, es la del argumento de la familia extensa. Un comunitario que se hace pareja de hecho o se casa con un extracomunitario (por ejemplo, un español con una nigeriana) y se traen a la familia desde el extranjero. La operación Faraón acabó con 110 personas detenidas y 312 extinciones de residencia de familiar comunitario por familia extensa. En 2019 se arrestó a 79 personas por este tipo y a 6 en 2020.