Madrid regula por primera vez el ‘cohousing senior’, las viviendas colaborativas para mayores

Las viviendas colaborativas provienen de Europa del norte, y van haciéndose un hueco en nuestro país. Según Félix Martín Galicia, secretario general de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, Hispacoop, hay unas diez abiertas y funcionando, y otras en desarrollo y construcción. «Es una tendencia que va a más».

En Madrid, desde hace años funciona una en Torremocha del Jarama, y hay según sus datos, otra levantándose en Tres Cantos, y alguna más que cuenta ya con el suelo necesario para desarrollarse. Esta fórmula es «una manera de convivir en un espacio en que los mayores se fijan las reglas», explica.

Lo primero es hacer una cooperativa de consumidores y usuarios, entre «personas que quieran vivir juntas». Entre todas, «construyen un espacio residencial», y «a cada socio se le cede el uso de un apartamento para que viva allí» . El modelo cuenta con servicios comunes, como la comida, la limpieza, o los espacios de ocio y formación. «Cuando la persona fallece, o se quiere ir, la cooperativa le devuelve la aportación que ha hecho a ese socio o sus herederos, y entra otro nuevo».

Hasta ahora, lo que no estaba regulado era la adscripción de estos centros a los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. «La mayoría de las personas que viven en estos lugares no necesitan ayuda sociosanitaria, pero a la larga es probable que la necesiten», señala Félix Martín.

Hispacoop planteó la necesidad de regular este asunto a la Comunidad de Madrid. Y envió sus sugerencias y aportaciones a la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, que dirige la consejera Concha Dancausa. «Y se han recogido casi todas nuestras aportaciones».

Así se recoge en la resolución ya publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en la que por primera vez se regulan las condiciones para autorizar el funcionamiento de estas viviendas colaborativas para mayores. De acuerdo con la misma, podrán inscribirse como centros residenciales de atención social, estarán sujetos a inspección, y deberán prestar servicios de apoyo y cuidados permanentes cuando el 25 por ciento de sus residentes estén en situación de dependencia.

Los criterios son lo suficientemente flexibles para permitir la autogestión de estos espacios con el derecho de los mayores a recibir una atención integral. «Se trata de adaptar la normativa para avanzar hacia los nuevos modelos», explica la consejera Dancausa.

La resolución establece también que al menos la mitad de los residentes en estas viviendas colaborativas deberán haber superado la edad de jubilación, y el resto habrán de tener al menos 50 años. Las instalaciones deberán ser accesibles para personas con movilidad reducida, y desarrollarán un programa anual de actividades para promocionar el envejecimiento activo y la prevención de la dependencia.