Carlos Sánchez Mayo, durante la presentación de los presupuestos
Carlos Sánchez Mayo, durante la presentación de los presupuestos - ISABEL PERMUY

Madrid multiplicó su deuda por siete durante los mandatos de Gallardón y Botella

El primer informe de la auditoría municipal, elaborado por el Gobierno de Manuela Carmena, acusa al PP de utilizar empresas municipales para esquivar los límites de la deuda

MadridActualizado:

El primer informe de la auditoría municipal, elaborado por el equipo de Gobierno de Manuela Carmena, sostiene que el Ayuntamiento de la capital multiplicó su deuda por siete entre los años 2002 y 2012, durante los mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón. Además, sostiene que gobiernos del PP utilizaron entre 2003 y 2015 las empresas públicas municipales para eludir las limitaciones de endeudamiento, unas operaciones que generaron «costes innecesarios y desequilibrios».

El documento preliminar sobre la Auditoría Ciudadana Municipal de la Deuda y las Políticas Públicas, de 45 páginas y que habla en esencia de «indicios», ha sido presentado esta mañana en rueda de prensa por el edil de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, junto a la coordinadora del Consejo Asesor, Bibiana Medialdea, y el subdirector general de la auditoría, Álvaro Sánchez Martí.

El proceso, que tiene como objeto analizar las políticas públicas y las actuaciones municipales entre 2003 y 2015, señala en su estudio inicial que hubo subcontratación inadecuada en ámbitos como la atención a las víctimas de violencia de género, así como falta de control y transparencia en empresas públicas e inversiones no justificadas. Sin embargo, este informe no aporta información sobre el coste financiero global de las «malas prácticas» de los equipos de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, unos datos que podrían recogerse en el informe final, aunque Sánchez Mato ha señalado hoy que «todo no es monetizable» y que los daños de algunas políticas públicas son «muy difícilmente cuantificables».

La deuda del Ayuntamiento de Madrid se multiplicó por siete en una década, al pasar entre diciembre de 2002 y diciembre de 2012 de 1.136 millones de euros a 7.732 millones, lo que conllevó que el gasto financiero municipal (intereses más amortización de la deuda) pasase de un 3,3 % en 2002 al 36 % en 2014. Este incremento se debe en parte a la asunción por parte del Consistorio de las deudas de Madrid Calle 30 (2.226 millones), la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (233 millones) y Madridec (265 millones).

Obras de la M-30

De hecho, según señala el informe encargado por el Gobierno de Ahora Madrid, en las empresas públicas dependientes del Ayuntamiento se urdió una estrategia que conllevaba «la realización de gastos municipales a través de formas societarias complejas, diseñadas ad hoc con esta finalidad, que determinaban, solo por la realización de gasto elegida, unos costes significativamente más elevados de lo que hubiese supuesto la asunción directa del gasto por parte del Ayuntamiento».

En concreto, el informe destaca la forma de gestión elegida para soterrar la M-30 que llevó al Consistorio a asumir sobrecostes de unos 313 millones de euros por IVA y 128 millones por el pago del impuesto de sociedades, además de sobrecostes en obras realizadas por Madrid Espacios y Congresos o la construcción de aparcamientos en los que hasta 2015 se perdieron 2,5 millones de euros.

En estas empresas, las plantillas estaban «sobredimensionadas», y se asignaron altas retribuciones a directivos, «muchas veces bajo sospecha del nepotismo», además de adolecer de falta de transparencia. La auditoría ciudadana se centra también en señalar el «impacto de las políticas municipales» en las prestaciones sociales a los madrileños, y constata por ejemplo que la externalización de servicios públicos ha tenido efectos negativos especialmente en las mujeres, al haber afectado a servicios con plantillas altamente feminizadas.

También ha encontrado esta auditoría promovida por el equipo de Gobierno de Ahora Madrid carencias en la «sostenibilidad medioambiental» de la capital como consecuencia del modelo de movilidad del PP. El documento señala también «lagunas» en prestaciones sociales como «la inexistencia de una renta mínima garantizada» o la falta de atención específica a grupos especialmente vulnerables.