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Madrid creará un protocolo para acabar con los once «afters» ilegales del distrito Centro

A propuesta del PSOE, se establecerá una mesa de coordinación que acorte los plazos para cerrar los locales. Ahora Madrid quiere incluir los recintos en la Ley de Espectáculos para «ordenarlos»

Uno de los últimos locales desalojados por la Policía en la Corredera Baja de San Pablo, 39 Policía de Madrid
Marta R. Domingo

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Eran las 7.15 de la mañana del pasado jueves 26 de abril cuando diez agentes de la Policía Municipal , un subinspector de empleo y seguridad social y siete técnicos municipales de la Agencia de Actividades (ADA) irrumpieron en un «after» de la Corredera Baja de San Pablo , en el distrito Centro, para desalojarlo. En el momento en el que se produjo la inspección sorpresa triplicaban el aforo máximo: había 307 personas cuando el número permitido es 99. Este establecimiento, que tenía licencia de Club de Fumadores , cobraba una entrada de 20 euros cuando no pueden ejercer ninguna actividad con ánimo de lucro. Además de infringir la ley, el local contaba con graves deficiencias en seguridad: un sótano lleno de obstáculos y con una anchura de la mitad de lo que marca la normativa era la única vía de evacuación de la sala.

Al menos once «after», cuatro en la zona norte y otros siete en el sur, como el de la Corredera Baja de San Pablo, 39 operan al margen de la ley en el distrito Centro, según los datos que maneja la Policía Municipal. Las comunidades de vecinos en cuyos bajos se instalan estas organizaciones ilegales sufren cada madrugada el ruido, la basura, los altercados, el tráfico de drogas e incluso prostitución que atraen este tipo de locales. Modificar la normativa actual, reducir los trámites y aumentar los recursos municipales para acortar los plazos para clausurar estos negocios irregulares son los objetivos que persigue la proposición del PSOE, que fue aprobada en el último pleno del distrito Centro.

Refuerzo de personal

En concreto, la propuesta socialista –avalada por mayoría con el apoyo de Ahora Madrid , la abstención de Cs y el rechazo del PP– contempla la creación de una mesa de Coordinación que «diseñaría un Plan de Actuación», la definición de «un Protocolo Específico de Inspección en los locales para homogeneizar los resultados de las inspecciones», la implementación de «una formación especializada en materias jurídicas, fiscales, medioambientales y administrativas al personal encargado», así como el aumento de «los recursos materiales y personales» a los departamentos que se encargan de estas funciones.

En esta Mesa de Coordinación, según explica a ABC el edil socialista Chema Dávila , estarían sentados todos los agentes afectados: grupos políticos, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, asociaciones vecinales y el tejido empresarial. «La situación ya es insostenible, es uno de los principales problemas del distrito y hay que buscar un cambio normativo para que no se tarden meses e incluso años en clausurar un local de este tipo», sostiene el concejal, cuyo partido, sin embargo, rechazó la proposición del PP de crear un grupo especializado para perseguir los incumplimientos de los «after» y locales sin licencia.

Más de dos años de espera

Uno de los últimos locales desalojados por la Policía en la Corredera Baja de San Pablo, 39 POLICÍA DE MADRID

La iniciativa socialista viene a potenciar la mesa de trabajo que el Ayuntamiento formó hace apenas unos meses. En ella, se reúnen mensualmente para analizar caso a caso las juntas de los distrito más afectados (especialmente, las de Centro y Chamberí), el Ministerio de Empleo, la Agencia Tributaria, el ADA y la Policía Municipal.

Existe consenso de todos los grupos en que hace falta mejorar el marco legal para que proteja mejor a los vecinos, pero la divergencia llega a la hora de plantearse cómo hacerlo. Ahora Madrid propuso –a través de una proposición transversal, que salió adelante con el respaldo del PSOE– que se inste a la Comunidad a «regular e incluir» los «after» en el catálogo de la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas (LEPAR). «No se trata de legalizarlos, sino de ordenarlos, de tener más herramientas para atajarlos», explica a este diario Concepción García , portavoz del comisionado para el ocio, que depende del área de Coordinación Territorial. «Como no hay sustento legal, los empresarios agotan la vía administrativa, que se puede alargar dos años, o recurren a los tribunales, donde el Ayuntamiento tiene que demostrar que esa cafetería realmente funciona como «after», tenemos la carga de la prueba», argumenta García, que considera que al incluirlos en la LEPAR se podrá limitar en qué sitios y en qué condiciones se les permitiría operar.

Sin embargo, tanto al PP y como a las asociaciones de vecinos de Centro les parece un «error» introducir en el catálogo de la LEPAR a los «after». «¿Cómo van a incluir a los “after hours” con el catálogo de espectáculos públicos si es una actividad ilegal? Eso es dar facilidades a las mafias organizadas que hay detrás de estos locales», critica a ABC el edil popular Íñigo Henríquez de Luna . «Legalizar los “after” es legalizar la industria del alcohol 24 horas», afirma, en la misma línea, el portavoz de Coordinadora de las Asociaciones de Centro, Esteban Benito. Los residentes reclaman que lo más útil para atajar la lacra de los «after» pasa por impedir que la administración les otorgue la declaración responsable, una licencia de apertura exprés, a este tipo de negocios.

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