Madrid Arena: caso (todavía) abierto y con Flores en la calle

El promotor del evento y principal responsable, Miguel Ángel Flores sigue en la calle dedicado a sus «negocios» de la noche a pesar de estar inhabilitado para ello, a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) celebre la vista, el próximo 14 de noviembre, para analizar los 18 recursos de casación . Después, cuando se pronuncie el TS, Flores, condenado a cuatro años, ingresará en prisión.

Cinco años después de la tragedia. Todavía faltan muchos cabos por atar. ABC repasa los principales detalles del cúmulo de imprudencias de un caso que conmocionó a la sociedad.

El fatídico recinto ha cambiado de nombre en estos años: se llama Pabellón Multiusos. Pero pocas cosas más han cambiado, al margen de la prohibición de celebrar macrofiestas que tomó Ana Botella . El recinto municipal, gestionado por Madridec, pasó a manos de otra empresa, Madrid Destino, en otro intento de desvincularlo de su pasado. Permaneció 175 días cerrado tras los luctuosos hechos, pero reabrió el 24 de abril de 2013.

Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce, emprendió una campaña de recogida de firmas exigiendo el cierre del Arena «hasta que sea seguro y cuente con licencia de funcionamiento». Recogió cerca de 300.000, se las entregó hace un año a la alcaldesa, pero no ha logrado su objetivo. «No ha contestado a mi petición», critica. «Sigue siendo una trampa mortal, incumple la normativa contra incendios y tiene problemas de evacuación», insiste. Explica que no cumple la Lepar que en su artículo 8 establece que la licencia es obligatoria, tanto para los espacios públicos como privados. El Ayuntamiento, por contra, dice que no la necesita en base en la Ley del Suelo.

El exgurú de la noche madrileña, Miguel Ángel Flores (MAF) tenía la «exclusiva» de la utilización del Madrid Arena por sus buenas relaciones con personalidades y políticos del PP. Por ello, alquilaban el Arena a su empresa Diviertt en unas condiciones especiales. Además, no le exigían la certificación de las entradas vendidas, «ya que era cliente habitual y nunca dio ningún problema». Directivos de Madridec recalcaron durante la instrucción y la vista oral que Flores conocía perfectamente las instalaciones y sabía que el espacio puede compartimentar el aforo por plantas, a medida que se va llenando. Flores echó balones fuera y culpó desde el principio al Ayuntamiento, alegando desconocer ese y otros extremos, incluida la falta de licencias de funcionamiento y actividad.

La sentencia condenó a siete de los 15 acusados . Ningún político se sentó en el banquillo. La resolución es muy dura contra Flores. El promotor y principal responsable «no sólo no evitó riesgos para la vida de los asistentes, sino que los creó y los permitió, junto a otros condenados». La resolución de la Audiencia Provincial detalla que MAF movido por su afán de lucro, no sólo vendió 6.000 entradas de más (el aforo máximo era de 10.620), siendo consciente del peligro, sino que taponó cinco de los ocho vomitorios en los momentos de mayor afluencia y regateó en la seguridad interior para ahorrar gastos y aumentar las ganancias. Además, él y varios empleados suyos permitieron la entrada masiva de otras 3.000 personas, «con absoluta imprudencia» por las dos salidas de emergencia hacia la ya saturada pista, lo que ocasionó el colapso final. El próximo 14 de noviembre, el Supremo analizará los 18 recursos de casación.

Dos de las absoluciones que provocaron la indignación de las familias de las víctimas fueron las de los doctores Viñals . Simón padre, de 77 años cuando ocurrieron los hechos, trabajaba habitualmente para Flores. Su hijo, Carlos, funcionario municipal en activo, no tenía que estar ahí, al incurrir en incompatibilidad. Justificó su presencia porque el otro facultativo no pudo acudir. Les acompañaba un ATS de 78 años. Los jueces subrayaron que incurrieron en «mala praxis» y su actuación fue negligente, pero los libraron de la condena al entender «que no puede probarse que una correcta atención hubiese salvado las vidas de las tres chicas a las que llevaron a la enfermería» (Katia, Cristina y Rocío). Esta ni siquiera tenía agua corriente. Las jóvenes estaban en parada. El supervisor del Samur, Antonio San Juan, declaró que cuando llegó Simón estaba en la puerta y sólo se estaba haciendo un masaje «precario» a una de las tres chicas con maniobras «inadecuadas». Ninguna de las víctimas tenía cogida una vía para introducir adrenalina. «No usaron el desfibrilador porque las palas dejan marcas», dijo. «Las dieron por muertas, y lo que se juzga es si se las atendió de forma correcta, no si hubieran sobrevivido», precisó Ángel Esteban, padre de Katia.

La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar) se modificó tras la tragedia. Contenía importantes vacíos legales. La impulsora fue Isabel de la Fuente, madre de Cristina, que recogió 500.000 firmas para que la Comunidad de Madrid la cambiara. Entró en vigor el 24 de diciembre de 2013. Lo más importante fue el endurecimiento de las sanciones en caso de infracciones graves hasta los 900.000 euros, que, en función del incumplimiento de las medidas de seguridad, puede conducir al cierre de los establecimientos durante dos años. Además, inhabilita a los empresarios para organizar espectáculos, no sólo en esta región, y sus nombres se publicarán en el BOCM.