La lucha de Esther por demostrar que sigue viva: «Me dicen que llevo muerta desde enero»
A sus 74 años, esta jubilada madrileña ha recorrido durante tres meses ambulatorios, el Registro Civil, oficinas de la Comunidad y hasta la comisaría para pedir, desesperada, ayuda
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Iniciar sesiónEsther Medinilla Velasco tiene 74 años y es vecina de la capital. Atiende a ABC en el parque que hay justo enfrente de su casa para guardar las distancias a las que obliga el Covid-19. El virus, pese a lo que pudiera ... parecer, es la menor de sus preocupaciones. Camina firme y goza de un aspecto saludable. Pero su mirada muestra el reflejo de una lucha que nunca pensó librar a su edad: demostrar que sigue viva . Su médico de cabecera y el Registro Civil de Madrid han certificado hace poco lo evidente. Sí, está viva.
Jubilada y beneficiaria de una pensión no contributiva , su rutinaria cotidianidad se trastocó el pasado mes de octubre cuando acudió a comprar su medicación a la farmacia. Era la botica de siempre, pero su tarjeta sanitaria no funcionó y optó por acudir a otra para probar suerte. Obtuvo idéntico resultado. Desde allí, ajenos al problema por el que su tarjeta no permitía subvencionar sus tratamientos crónicos, le indicaron que acudiera lo antes posible a su centro de salud.
Para Esther, entonces, solo fue una molestia añadida que estaba lejos de convertirse en la pesadilla que, aún hoy, le quita el sueño. Un trámite burocrático que creyó que resolvería con una llamada y 48 horas de espera. Pero para el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) su ficha devolvía una búsqueda inquietante al introducir su nombre. «No te vas a creer lo que te voy a decir –le advirtieron desde su ambulatorio por teléfono–. Figuras como fallecida en el sistema».
«Dicen que estoy muerta desde enero», repite a ABC varias veces a lo largo de una conversación en la que se traduce el tremendo hastío de Esther. Ese mismo mes, su pensión, 395,60 euros de una no contributiva dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad , se vio de golpe interrumpida. Una orden con destino a la Tesorería General de la Seguridad Social , sellada con registro de salida el pasado 22 de octubre, ponía negro sobre blanco lo que el sistema del Sermas reflejaba en su base de datos: Esther Medinilla Velasco estaba muerta a ojos de la Administración regional. El documento, al que ha tenido acceso este diario, no deja lugar a dudas; indica que la protagonista de esta surrealista historia consta como fallecida. Al menos, hasta ayer, cuando, preguntadas por el caso, fuentes de la consejería que dirige Javier Luengo aseguraron a este diario que ya «se habían repuesto sus derechos».
La explicación aportada por la Administración –un «error» al cotejar los beneficiarios de no contributivas, unos 43.000, derivado de la coincidencia de filiación de Esther con una fallecida– no convence a la afectada. «¿De verdad que había dos Esther Medinilla Velasco cobrando pensión no contributiva en Madrid?», dice escéptica destacando su apellido, nada común. Hasta ahora todas sus sospechas estaban focalizadas en una curiosa coincidencia : «La fecha de mi supuesta muerte coincide con el fallecimiento de mi madre». «En enero volverá a percibir su pensión, y los atrasos desde noviembre», sostiene la consejería. Además explican que la Comunidad tiene la obligación de realizar estas comprobaciones de forma periódica para evitar que se produzcan «cobros indebidos». El proceso, tal y como explican, se realiza cruzando datos con la Seguridad Social.
Devolución de todo lo percibido desde febrero
Sin embargo, Esther no solo dejó de percibir su prestación desde entonces. La finalidad del documento mencionado anteriormente no era otra que reclamar a la entidad bancaria donde cobraba su pensión lo que legalmente correspondería de no ser porque sigue viva: la devolución de las cantidades percibidas desde febrero . En total, 3.956 euros que desaparecieron de su cuenta de un día para otro. «Respecto a esas cantidades tendrá que ser la Seguridad Social la que las reingrese al comprobar que se le ha repuesto su derecho», explican. Esther espera no tener que pasar por otra odisea administrativa para reclamar lo que legítimamente le corresponde.
Desde que tuvo conocimiento de esa orden, firmada digitalmente por la directora general de Servicios Sociales e Innovación Social , ha tirado de ahorros y la solidaridad de amigos y de su familia. Ayer por la tarde se mostraba algo incrédula de que «misteriosamente» se haya resuelto su situación. Su «desconfianza en la Administración» aún la mantendrá alerta hasta que reciba lo prometido.
Inasequible al desaliento, Esther ha luchado con todos los medios a su alcance para resolver cuanto antes esta desagradable situación. «Volví a ir al médico donde me resolvieron temporalmente lo de la tarjeta sanitaria, pero aun así tengo que pagar el 40% del coste de los tratamientos cuando antes los tenía subvencionados en su totalidad», explica. También acudió al Hospital Ramón y Cajal , donde, a pesar de saber de antemano la respuesta, planteó de nuevo su desesperante realidad. «Es que estoy viva. Que te den por muerta así... sin un certificado de defunción , ni ningún documento», subraya, dentro de su angustia.
Periplo por las administraciones
Su primer impulso fue acudir al Centro de atención e información de la Agencia de la Seguridad Social , en el número 14 de la calle de Maldonado. «Lo primero que me dijeron es que tenía que ir con cita previa. No me dejaron ni entrar. Después me indicaron que mi pensión dependía de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad», relata, reviviendo su particular periplo.
«Me presenté en O´Donnell, 50 – Oficina de Registro y Asistencia al Ciudadano de la citada consejería–, donde volvieron a indicarme que tenía que pedir cita previa. Yo solo quería dejar constancia de que estaba viva y nadie me escuchó. La seguridad no me dejó ni siquiera entrar al edificio a exponer mi caso. Me sentí tan desamparada que pedí la hoja de reclamaciones», cuenta. Esa reclamación está sellada en la Junta de Distrito de Chamartín, el 12 de noviembre. «Les informo de que me han dado por fallecida y no es así. He ido a la Comunidad de Madrid y no me han atendido», expuso en ella.
Entre tanto, Esther acudió también a la Policía Nacional, donde más allá de desahogar su desesperación con los agentes no pudo hacer mucho más. «Me dijeron que no podían ayudarme», relata. Cuando logró ser atendida telefónicamente por un técnico de la consejería, informaron de los pasos a seguir: debía presentar –como así hizo a principios de diciembre– su fe de vida y un certificado de su médico . «El 17 de este mes recibí el justificante de recepción en el que ponía que tenían 45 días para responder si admitían a trámite o no mi petición. 45 días más que para mí hubieran sido un suplicio», se queja.
Más allá de lo económico, pese a una situación nada holgada, Esther se siente tremendamente dolida por la «deshumanización» de la Administración. «Para ellos solo somos datos, un número que si tienes la mala suerte que he tenido yo, borran del mapa», consideraba ayer tras conocer a través de ABC las disculpas de la consejería . «Lamentamos el error que se ha cometido con esta persona y que, en cuanto hemos tenido conocimiento, se ha subsanado con la mayor celeridad posible», trasmitieron. Hasta enero, que vuelva a tener ingresos, Esther vivirá la que ha sido una de las peores Navidades de su vida. «Por lo menos os dicen que ya consto como viva», se consuela.
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