La jueza acuerda prisión para el responsable de Funnydent por estafa

Cristóbal López Vivar fue detenido el viernes pasado en Navalcarnero por una supuesta estafa tras el cierre de sus nueve clínicas dentales en España , de ellas siete en Madrid y dos en Barcelona. Fuentes policiales estimaron que miles de pacientes y numerosos trabajadores se han podido ver afectados por el repentino cierre de las clínicas.

La Policía Nacional ya ha recibido denuncias de un centenar de afectados por el cierre de las clínicas aunque se cree que habrá más interpuestas ante otras fuerzas de seguridad como la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra.

En el auto, fechado a 31 de enero, la magistrada entiende que existen indicios para imputar a López Vivar un delito de estafa. Relata que éste creó diferentes empresas en el ámbito de la odontología (Éxitodental SA, Dentasalud SL Laboratoria Crisan SL, Dental Salud SL, Zona Norte SL, Zona Sur SL, Zona Este SL y Zona Oeste SL).

Todas estas sociedades contaban con clínicas en diversas localidades madrileñas como Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Alcalá de Henares, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, así como en varias localidades de Cataluña, en las cuales «ofrecía la posibilidad de financiación de los tratamientos odontológicos mediante créditos».

Sin embargo, «y a pesar de los beneficios que al parecer ofrecía el negocio, tal y como ha reconocido el propio investigado, de aproximadamente un millón y medio de euros al mes, sin llegar a aclarar las razones de por qué tan fructífero negocio, derivó en el impago de los trabajadores». Además, «a sabiendas de las dificultades económicas que su negocio atravesaba ya en el verano pasado, siguió con su actividad acogiendo a más pacientes» y continuando con «gastos suntuarios» como la adquisición hace unos meses de un vehículo de alta gama, en relación al Audi 7 hallado en los registros.

La juez continúa que «sin previo aviso a trabajadores y pacientes» procedió a realizar el cierre de todas las clínicas el pasado 28 de enero, «lo que ha supuesto la imposibilidad de cientos de pacientes de culminar su tratamiento, estando abonado ya bien en metálico o bien a través de la financiación».

También se explica que en este momento sólo se tiene conocimiento «cierto» de las denuncias recogidas ante la Policía Nacional de Móstoles y alcanzan a 167 afectados cuya cuantía económica suma los 726.566 euros. La magistrada, ante esta situación, considera que existen indicios suficientes para imputarle un delito de estafa, previsto con en el Código Penal con una pena de uno a seis años de prisión. También toma la medida de prisión provisional ante el riesgo de fuga, de obstrucción a la investigación y reiteración delictiva.

De hecho, también entiende que hay riesgo de destrucción de pruebas «si bien es cierto», añade, que el sábado, se llevaron a cabo diversas diligencias de entrada y registro judicialmente acordadas». Pero no se debe olvidar, dice, «que en este tipo de delitos en que la prueba documental que se pueda intervenir es fundamental, el hecho de que sea un conjunto de empresas pone de manifiesto la existencia de este peligro».