El juez ordena que «El Rafita» quede bajo el control de Instituciones Penitenciarias

El juez ordena que «El Rafita» quede bajo el control de Instituciones Penitenciarias

El asesino pasará al centro de inserción social Victoria Kent hasta el 25 de junio de 2010 _ Entonces será libre

C. HIDALGO/ M. J. ÁLVAREZ | MADRID
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Rafael García Fernández, alias «El Rafita», de 21 años, uno de los asesinos de Sandra Palo, terminará los meses que le quedan de libertad vigilada (junio de 2010) en el centro penitenciario de inserción social Victoria Kent, antigua cárcel de Yeserías, dependiente de Instituciones Penitenciarias. Tal y como ha venido adelantando ABC en la última semana, a la luz de los informes desfavorables sobre su proceso de rehabilitación.

Es más, el propio titular del juzgado de Menores número 7 de Madrid, en el auto, al que ha tenido acceso este periódico, explica: «En enero de 2008 [«El Rafita»], se reincorporó a la vida laboral como ayudante de carpintero. Abandonó el trabajo poco después, voluntariamente». En el escrito, con fecha del 24 de noviembre, se incide en que después se le incluyó en programas de reinserción sociolaboral, «no obteniendo los resultados previstos». «No habiéndose alcanzado los objetivos propuestos -sigue el juez-, seguirá adelante con la integración educativa en medio abierto, para lograr su inserción sociolaboral».

De esta manera, concluye que, como se solicitó en la vista por el quebrantamiento de la libertad vigilada el pasado día 18, «El Rafita» la termine en el Centro de Inserción Social Victoria Kent. La medida concluirá el 25 de junio de 2010, que es cuando se cumplen los tres años impuestos, después de los cuatro que pasó en régimen cerrado en el centro El Renasco.

Tercer grado

Porque «El Rafita», pese a cumplir 22 años el próximo 5 de diciembre, ha sido juzgado por la controvertida Ley del Menor, y, por ello, no puede ser tratado como un preso adulto, en quien se aplica la graduación de penas: él sigue en el mismo régimen que tenía, aunque, en lugar de estar en un domicilio, deberá acudir al centro penitenciario elegido por el juez de menores. A efectos prácticos, lo más probable es que se le aplique el equivalente al tercer grado; es decir, que vaya sólo a dormir. En este sentido, cabe recordar que la medida de libertad vigilada se puede cumplir en un centro de menores, en un piso tutelado o en un domicilio, en función de lo que determine el juez.

La ley permite en los casos de los delitos considerados muy graves: terrorismo, agresión sexual o asesinato, que el autor de la infracción penal termine la ejecución de la medida en un centro penitenciario.

La decisión del juez de Menores no gustó a la familia de la joven getafense vilmente asesinada. «Esto es lo mismo. Va a ir allí a dormir», indicaron los padres de Sandra Palo. Hay que recordar que ellos, la acusación particular, reclamaron que cumpliera el resto de la libertad vigilada en una cárcel ordinaria, en régimen cerrado, y no en el Victoria Kent.

Los abogados de la familia Palo Bermúdez solicitarán incluso a la directora del Victoria Kent, si así procede, que se le aplique la mayor restricción y el control posibles, dentro del margen de libertad vigilada que le resta al peligroso delincuente.

Precisamente, ayer, Francisco Palo y María del Mar Bermúdez mantuvieron una reunión con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. Fue a instancias de la propia familia. Y no terminaron precisamente muy contentos. «Salgo peor de lo que he entrado», dijo la madre de la víctima.

«¿Y mi protección?»

Francisco Palo tampoco se mordió la lengua: «¿Qué pasa con mi protección?», inquirió, en referencia al anuncio, después de que lo pidiera la familia, de que se les dotará de escolta policial. Según explicaron a ABC, el consejero Granados se ha comprometido a escribir una carta a la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, solicitando que también les reciba.

La última polémica sobre el «caso Sandra Palo» se produjo la semana pasada, con la denuncia de los padres de la víctima, al conocer que «El Rafita» se había fugado del piso tutelado de Málaga, el 24 de agosto pasado, y enterarse de que estaba en Madrid, y, en concreto, en la Cañada Real. Y, todo, «a pesar de la orden de alejamiento de los familiares de la víctima, que se le impuso al salir de Renasco».

Al fin la, la petición realizada por la Comunidad, encargada de su tutela, al juez de menores, el pasado día 18, ha sido tenida en cuenta. No obstante, con alguna variación. Carmen Balfagón, directora de la Agencia para la Reeducación y Reinserción, explicó el miércoles a ABC que la solicitud obedeció al quebrantamiento de la libertad vigilada, «a la que teníamos que dar respuesta, por el carácter educativo de la ley», al tiempo que, precisó «no variará en nada la medida ni afectaría al sujeto, salvo en lo relativo al personal encargado de ejecutarla».

Interrogada sobre si, el hecho de pedir que fuera personal penitenciario (en lugar de técnicos regionales) los encargados de supervisar la libertad vigilada de «El Rafita» no significaba que éste hubiera escapado a su control, lo rechazó de plano.