El juez inhabilita cinco años a la alcaldesa de Alcorcón por liquidar una empresa pública

El motivo no es otro que su participación activa en el perjuicio patrimonial de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, Emgiasa (en concurso de acreedores), durante el mandato de Enrique Cascallana, al que el fallo también inhabilita por un tiempo de hasta 10 años. De Andrés, junto a otras ocho personas del entonces Gobierno de la localidad, entre ellas el exalcalde, formaba parte del consejo de administración de la entidad.

El magistrado hace hincapié en dos acciones llevadas a cabo por los ahora condenados que provocaron la situación de insolvencia de la citada compañía pública. Por un lado, las irregularidades contables en un reparto de dividendos, al apoyarse estos total o parcialmente en beneficios netos inexistentes. Cabe recordar que en aquel tiempo, el consejo de administración de Emgiasa aprobó el reparto de dividendos al único accionista (el Ayuntamiento de Alcorcón) con cargo a beneficios de 2009 y con cargo a reservas por un importe total de 17.500.354 euros. Y ello, pese a que el resultado del ejercicio aportado no cuadraba con la realidad de la empresa, con pérdidas de hasta 11.737.020 euros en lugar de los 19.433.383 euros de ganancias reflejados en las cuentas.

Además, recuerda el titular de lo mercantil el crédito concursal que ostentaba el Ayuntamiento contra Emgiasa, fruto de un nuevo reparto de dividendos con cargo al beneficio de 2010 (por un monto de 15 millones de euros, sustentados también en unos beneficios irreales ), que la empresa no pudo acometer debido a su ruinosa gestión. Por todo ello, la Audiencia Provincial ya condenó al Consistorio a la devolución de 15 millones de euros, más otros 5 en concepto de intereses legales.

El segundo de los episodios reflejados es la formalización y parcial ejecución del contrato de concesión de obra pública, relativa al denominado Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA). El juez recuerda que Emgiasa asumió el compromiso de edificar el complejo con un presupuesto inicial de 104 millones de euros, dentro de un proyecto carente de un examen de viabilidad económica y financiera de la actividad y, por tanto, de un plan de negocio para recuperar la inversión a lo largo del plazo concesional.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, Natalia de Andrés y Enrique Cascallana no han sido los únicos inhabilitados. El magistrado ha hecho lo pripio por un periodo de tres años con José Jiménez Nistal, quien fuera director general de Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento; Tatiana Ercolanese Muñoz, que ocupó la concejalía de Salud y Consumo; Salomón Matías Matías, exconcejal de Seguridad hasta 2011; Antonio Elviro Arroyo, Manuel Lumbreras y Francisco Siles Tello, exdiles socialistas; y Adela Otero Juidiaz, entonces en IU.