Un juez decidirá si una víctima de una okupación es más vulnerable que su usurpadora

El pasado mes de septiembre , ABC se hacía eco de su caso, a través de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Desde 2019 no le paga ni un euro ni los consiguientes abonos por consumos eléctricos y agua. «Ya me debe 32.000 euros solo en la renta», explica Cristina a este periódico.

Está en la ruina. De su bolsillo salen los más de 1.500 euros al mes por los que le sale esta usurpación , entre hipoteca y suministros.

Ocho meses después de su primer reportaje, Cristina tiene una luz al final del túnel: mañana, 18 de mayo, a las 11.45 horas, está fijado el desahucio. Sin embargo, la deudora ha dado un volantazo de última hora a su estrategia y ha solicitado un informe de vulnerabilidad al magistrado. Pero el juez, explica Cristina, debe decidir ahora quién está en peor situación para quedarse a vivir en el piso: ella o la morosa. «Ha pedido la evaluación a los servicios sociales, sabiendo que había un puente de por medio y que se va a retrasar, y así dilatar el desahucio», dice.