El juez anula el cambio de la calle dedicada al torero El Algabeño

En el informe del departamento que dirige Paca Sauquillo justificaba su decisión basándose en que «José García Carranza (1902-1936), apodado Pepe El Algabeño, torero y terrateniente andaluz, en julio de 1931 estuvo involucrado en la muerte de cuatro obreros en el Parque de María Luisa de Sevilla y prestó voluntaria colaboración en la sangrienta limpieza política de los barrios populares de Sevilla por Queipo de Llano al inicio de la Guerra Civil ». Sin embargo, en señalar este nombre estribaba, precisamente, el error: la calle no estaba dedicada a la persona que cita el Comisionado, sino a su padre, José García Rodríguez (1875-1947), que también fue torero antes que él y usaba el mismo apodo. Éste apelativo fue utilizado por otros nueve profesionales del toreo más, por proceder del pueblo sevillano al que hace referencia: La Algaba.

El magistrado comprobó, además, que en el archivo histórico municipal de finales de los años 70, cuando se construyó la urbanización de Conde Orgaz -donde también vive la alcaldesa, Manuela Carmena -, consta que todas las calles tienen nombre de toreros reconocidos. «Aun admitiendo que se tratara del hijo, resulta que tampoco estaría justificado el cambio de la calle», puesto que, como subraya el juez, la Ley de Memoria Histórica pone como excepción que el nombre del espacio se haya adoptado por «razones artísticas». Por ello, prosigue el titular, «no parece que en su día se pusiera el nombre de la calle para agradecer o ensalzar la colaboración con la dictadura, sino, más bien, por razones de su quehacer en la tauromaquia».

El tercer argumento esgrimido por el juez para sentenciar en contra del Ayuntamiento es que, suponiendo que se trate del hijo, no todo de lo que se le acusa a José García Carranza «tiene encaje temporal» en la aplicación de la Ley. «Únicamente entraría la colaboración con el régimen franquista a partir del inicio de la sublevación militar del 17 de julio de 1936 (en Marruecos) y el 18 de julio de 1936 (en la Península). Por lo tanto, la imputación de haber asesinado a cuatro obreros en 1931 no entra dentro de su ámbito », concluye el juez Fernández.

No obstante, sí que se tendría en cuenta «su colaboración voluntaria en la sangrienta limpieza policial de los barrios populares de Sevilla orquestada por Queipo de Llano en los primeros días del levantamiento». Pero estas afirmaciones que realiza el Comisionado para el juez no son más que «un juicio de valor o una imputación genérica».

«Se echa en falta que aporten datos objetivos, fácticos y concretos, que permitan analizar si las conductas específicas pueden interpretarse como tal colaboración o, simplemente, si ayudó a los sublevados que se alzaron contra el gobierno legítimo de la República», sostiene el juez, que recalca que ante un juicio de valor «es mas difícil, sino imposible, la defensa».

El Ayuntamiento tiene ahora la opción de interponer un recurso contra esta resolución en un plazo máximo de quince días desde que reciban la notificación. Mientras tanto, las placas del médico, político y escritor José Rizal (Calamba, Filipinas, 1861-Manila, 1896) seguirá colgada de las fachadas de esta calle del distrito de Hortaleza.