El TSJM inhabilita durante ocho años a la mano derecha de Tomás Gómez

La decisión supone un duro revés para el secretario general de los socialistas madrileños que desde el regreso de Navidad ha permanecido prácticamente encerrado en su despacho esperando esta sentencia. A cuatro meses del inicio de la campaña, el PSM está inmerso en plena elaboración de las listas electorales. Los socialistas interpondrán un recurso, pero la inhabilitación de Rollán obliga a Gómez a activar el «plan B» y, de momento, a dejar fuera a uno de los grandes pilares de su organización.

El líder del PSM había salido siempre en defensa de su «número dos». Es más, en cuanto podía afirmaba que los «escándalos» del PP eran mucho más graves que éste. «El caso de Trinidad Rollán está en las antípodas de la corrupción. Es como comparar el atraco a un banco con una multa de tráfico». Esa «multa de tráfico», en palabras de Gómez, es la que ha apartado de la carrera política a la secretaria socialista de Organización. Ayer se limitó a irse por la tangente al afirmar que la sentencia «confirma que no ha habido enriquecimiento personal» de ninguno de los imputados. «Para mí —dijo— eso es esencial».

Rollán intentó convencer al juez en la vista de que no tenía conocimiento de la ilegalidad que estaba cometiendo a la hora de aprobar el convenio. En la sentencia, la Sala califica su argumento de «farsa pseudo-jurídica inconsistente, burda, clamorosa y, en suma, esperpéntica» y dice que ella era «plenamente consciente» del carácter ilícito del convenio.

El Alto Tribunal ha impuesto la misma pena a los ediles Francisco Martín Rojas y a Valentín Gómez Morán. También condena a siete años de inhabilitación a Esperanza Rozas; Francisco Martín Rojas; Julia López Jiménez; María del Mar González Romero; Josefina Ginovart Amorós; María de los Desamparados Gallego Alfaro; y Francisco Montero Almirón.

El procedimiento se inició a raíz de una denuncia interpuesta por el ex concejal socialista Fernando del Río contra un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Torrejón y la empresa «Patrimonio Siglo XXI» para la urbanización del barrio Mancha Amarilla por un importe de 324.000 euros. El acuerdo fue aprobado por Rollán en su etapa como alcaldesa, y con Rozas como edil.

Dos informes negativos

Se da la circunstancia de que el citado convenio contaba con dos informes negativos: el del secretario municipal —que lo consideraba ilegal—, así como el del interventor municipal, que también se había manifestado en contra. A pesar de ello, Trinidad Rollán decidió seguir adelante y aprobarlo en el pleno del 26 de noviembre de 2001. El informe del secretario señalaba que el intercambio de terrenos que se recogía en el acuerdo no era legal, ya que no existía una valoración de lo que se daba y se entregaba por parte de la empresa y, por tanto, «no había reciprocidad en el dar y el recibir», según dicho documento. Pero esa no era la única presunta irregularidad del convenio, ya que la entrega de los terrenos no estaba contemplada en el presupuesto municipal y su urbanización no se podía realizar de modo fraccionado.