Las infracciones urbanísticas prescribirán a los 8 años, el doble que ahora, con la nueva Ley de Suelo

La presidenta regional Cristina Cifuentes ha explicado que se pretende dotar a los ayuntamientos de «instrumentos de planeamieto más flexibles, y a la vez rigurosos y transparentes», además de garantizar la seguridad jurídica en este campo y poner fin a la dispersión normativa que existe en la actualidad.

Entre sus principales novedades, se plantea un Plan General de Ordenación Urbana simplificado, mas flexible y ágil, que se centre en los cascos urbanos y no incluya nuevos desarrollos. Este tipo de plan se aplicará, ha explicado Cifuentes, en los municipios de menos de 5.000 habitantes y hasta 6 millones de euros de presupuestos. Será, en todo caso, una potestad de los municipios, que elegirán entre esta versión más sencilla o un Plan de Urbanismo clásico, dependiendo de sus necesidades, ha aclarado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada.

Para los medianos y grandes ayuntamientos, el borrador del anteproyecto propone que, además del Plan General de Urbanismo, cuenten con otro instrumento, el Programa Municipal de Actuación sobre el Medio Urbano, para la regeneración de las ciudades sin necesidad de modificar el PGOU . Será otra manera de agilizar la tramitación de cambios, en menos tiempo.

Además, la nueva norma establece que el que ahora es suelo urbanizable no sectorizado -en el que se puede construir pero no hay fecha para hacerlo- pase a convertirse en suelo no urbanizable común , y no se podrá construir en él.

Respecto a la polémica sobre la prohibición de construir edificios de más de tres alturas, los responsables regionales han explicado que esa medida de la actual Ley de Suelo ya se modificó, y en el borrador de nueva norma se mantiene tal y como quedó, por lo que se podrá construir más allá de esa altura, en función de las circunstancias.

La normativa, que ahora comenzará su tramitación, va a endurecer las sanciones para quienes incumplan la ley, y además hace recaer el coste de las obras necesarias para revertir una actuación ilegal a quien sea el responsable de la misma.

El Gobierno regional lleva un año trabajando sobre este tema. Existen tres mesas, política, técnica y sectorial, en las que se ha abordado la nueva normativa. De la política, por cierto, se fueron PSOE y Podemos. Ahora, se espera que el proyecto pueda remitirse a la Asamblea, para que se inicie su tramitación, antes de fin de año.