Los impagados de Tomás Gómez

Todas las deudas a las que ha tenido acceso ABC tienen su origen en la época de Gobierno de Tomás Gómez como alcalde del municipio. Algunas, incluso, llevan arrastrándose desde 2004. Tal es el caso del grupo de comunicación Iceberg, que reclama 440.000 euros al Consistorio. Según su denuncia, el Gobierno local contrató publicidad institucional con la editora de prensa que todavía no se ha retribuido. La empresa ha denunciado el caso ante la justicia, pero se ha visto obligada a reducir su plantilla.

No es ésta la mayor deuda que tiene pendiente de pagar el Ayuntamiento. IDEA, empresa que se dedica a organizar actividades culturales y festivas, ha rescindido su contrato con el Consistorio después de que éste le deba cerca de 500.000 euros. Era la compañía encargada de preparar el carnaval, la programación de verano, las fiestas patronales... Los técnicos municipales reconocen la deuda.

Tampoco es liviano el agujero que el Ayuntamiento parleño ha provocado en JISA, empresa de gasolineras encargada de suministrar combustible a los vehículos municipales. Nada más y nada menos que 600.000 euros. La situación ha llegado a tal extremo que la propia compañía amenazó al Consistorio con suspender el suministro de gasolina a sus vehículos.

Curiosamente fue a finales de abril cuando Tomás Gómez acusó a Esperanza Aguirre de «lastrar» la economía madrileña por retrasar el pago a los proveedores que trabajan para la Comunidad de Madrid. El ex regidor de Parla llegó a comentar, delante de los secretarios generales de CC.OO. y UGT, que «un proveedor tarda meses -e incluso a veces años- en cobrar, lo que provoca problemas a empresas por valor de 1.000 millones de euros».

La lista de proveedores impagados a la que ha tenido acceso a este periódico contabiliza un total de once «víctimas» a las que, en total,el Ayuntamiento debe 1,8 millones de euros.

En esta difícil situación no sólo se encuentran empresas, sino también particulares. Alguno de ellos, incluso, jubilado. Como Eulogio Llamas, que denunció al Consistorio porque le debía varias mensualidades por el alquiler de un local que servía como sede a Adempa. Le llegaron a deber 4.000 euros. O también Rafael Luque, que reclama 62.587 euros desde 2005.

También destaca la situación de la ONG APFM. Gestionaba el servicio municipal de consulta joven. Lo ha dejado de hacer por impago de 44.000 euros.