«Guerra» en Paracuellos a cuenta de 16 millones de euros y el techo de gasto

Paracuellos, con más de 25.000 habitantes , una población que se ha triplicado en los últimos diez años, está gobernado por un tripartito: Iniciativa Ciudadana por Paracuellos (ICxP), Unidos por Paracuellos (UxP) y Somos Paracuellos (marca blanca de Podemos que rompió con la formación morada antes de las elecciones).

El equipo de Gobierno, encabezado por Javier Cuesta , ha querido disponer de esos dieciséis millones de euros, una cifra extraordinaria, pero se ha encontrado con la oposición de la interventora, Concepción Presa, y de la concejal de Hacienda, Elena Domínguez, del mismo partido que el alcalde, ICxP.

La interventora ha venido paralizando distintas disposiciones de gasto por, a su juicio, no cumplir con la estricta normativa contable que rige en los ayuntamientos, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como la «Ley Montoro», y el Real Decreto 424/2017, que regula el control interno de los ayuntamientos y que entró en vigor el pasado julio.

Fuentes municipales consultadas por ABC sostienen que el alcalde y su equipo «querían gastar el superávit a diestro y siniestro» y chocaron con la interventora y con una miembro del mismo gobierno municipal, la concejal de Hacienda e Industria. En unos casos se alegaban irregularidades en los trámites para disponer del presupuesto y en otros el obligado cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y del techo de gasto, impuestos desde el Congreso para evitar desmanes en los ayuntamientos.

«Han intentado gastar el remanente pidiendo cantidades muy elevadas saltándose la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la figura fiscalizadora, según el informe elaborado por la propia interventora», asevera Jorge Campos, portavoz de Ciudadanos, partido que apoyó la investidura del alcalde, por ser la lista más votada, pero no entró en el gobierno municipal.

El estallido se produjo en la Comisión informativa que se celebró el pasado 12 de diciembre. La concejal de Educación y Transportes, Almudena Gómez, de Somos Paracuellos , presentó para llevar a Pleno un convenio con la Diputación de Gerona (ver información adjunta) para agilizar el control interno del Ayuntamiento y su adaptación al Real Decreto 424/2017. La interventora, que no había sido convocada, se presentó en la Comisión y repartió un informe en el que aseguraba que la firma de ese convenio era ilegal y que podían prevaricar, porque se saltaba la labor de la Intervención.

El convenio quedó en un limbo y en las siguientes 48 horas cayeron la interventora y la concejal de Hacienda. La primera fue suspendida cautelarmente de sus funciones por el Ministerio de Hacienda , tras cinco denuncias presentadas por el alcalde hacía más de un año; la segunda, causó baja «por el acoso al que estaba siendo sometida», dicen fuentes consultadas por ABC. El alcalde, Javier Cuesta, trasladó sus competencias a otros dos concejales, mientras que el lugar de la interventora lo ocupó el vicesecretario municipal.

Cuesta ha relatado a ABC que la interventora tenía «paralizado» el Ayuntamiento de un municipio con muchas necesidades «por el aumento de población», y «no ejercía correctamente sus funciones». «Sacábamos dos o tres proyectos al año, y desde que no está, en diez días hemos impulsado quince con la firma del viceinterventor», añade. Respecto a la situación de la concejal de Hacienda, asevera que «tuve que traspasar sus competencias porque la baja puede ir para largo». Cuando se reincorpore, «el partido decidirá qué hacer» (todo apunta a que terminará en el grupo de no adscritos). Entre los gastos cuestionados está una pista de skate en el polideportivo, arreglar algunas calles y soterrar contenedores.

Silvia Martínez (PP), líder de la oposición, dice a ABC que «la interventora, que es una habilitada nacional, ha puesto reparos a las cuentas para intentar que las cosas se hagan bien, sin fraccionar contratos, por ejemplo, y la concejal, que es economista, no va a ir contra el criterio de la interventora».