El Gobierno regional pide al juez que anule la norma que sustenta Madrid Central

De pie, ante un atril, como en las ocasiones más solemnes, el presidente regional explicó los argumentos en que apoyan su recurso, que será seguido de otro en los próximos días que pedirá la anulación del acuerdo de junta de Gobierno municipal que dio luz verde a Madrid Central, y que lo hizo «como si fuera un acto administrativo, cuando nosotros creemos que tiene carácter normativo y debería haberse llevado a información pública».

En los argumentos del recurso, se justifica que se pidan medidas cautelares porque la aplicación de la ordenanza «establece medidas limitativas de derechos» que «causan un daño irreparable a quienes se ven afectados» y que «no podrían ser subsanadas, al ser incalculable el número de indemnizaciones que el Ayuntamiento debería hacer frente».

No aparecen, además, las «medidas paralelas que actúen como alternativa». Temen que el efecto que se logre con la puesta en servicio de Madrid Central sea «saturar las vías que permanecen disponibles al tráfico» y « sobrecargar el uso del transporte público que no ha sido adaptado a la nueva realidad» . La cercanía de las fiestas navideñas es un agravante más de la situación.

Afirman en la Puerta del Sol que la norma municipal «invade espacios de competencia autonómica». Y critican que, siendo la finalidad del plan reducir la contaminación, el perímetro afectado no comprende «las zonas más contaminadas de la ciudad», que según los informes de calidad del aire del Ayuntamiento fueron Escuelas Aguirre y plaza de Fernández Ladreda.

Falta el informe previo del Consorcio Regional de Transportes, dado que las medidas de Madrid Central «afectan a la movilidad del conjunto de la región» . Y recuerdan que a ese organismo «no se le pueden imponer obligaciones económicas» como «mayor flota o mayor personal» por causa de la ordenanza.

Otra carencia que han detectado los servicios jurídicos regionales: no se analiza ni el coste para el ciudadano –que tiene que «usar y pagar otros medios de transporte alternativos»– ni para «los negocios ubicados dentro de Madrid Central». Además, alerta que el texto de la ordenanza que se sometió a información pública es «sustancialmente distinto» al que finalmente se aprobó, lo que «impidió a los afectados poder alegar».

Alegan por último en la Abogacía General de la Comunidad que no se ha dado audiencia a los municipios limítrofes, y que se ha omitido la reserva de plazas de aparcamiento para discapacitados. «No es una batalla política», quiso aclarar Garrido . Metro «hará todo lo posible por evitar el caos» pero «cualquier problema que haya en el transporte público será responsabilidad exclusiva y absoluta del Ayuntamiento».

En el Ayuntamiento encajaron la noticia de los recursos sin moverse de su posición. Inés Sabanés defenderá hoy Madrid Central en Bruselas, ante la Comisión Europea y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo . Allí denunciará las «continuas trabas y falta de colaboración de la Comunidad» en este sentido. Para el delegado de Desarrollo Urbano y Sostenible, José Manuel Calvo, la Comunidad de Madrid actúa como un «kamikaze que va en contra del sentido común».

El PP de Madrid emitió un comunicado en apoyo a Garrido, y también le mostró su confianza el portavoz popular en la Asamblea, Enrique Ossorio.

Mientras, el secretario general de los socialistas madrileños, José Ramón Franco, abogó por retrasar el proyecto para conseguir«mayor acuerdo», ya que se está haciendo «de una forma apresurada».