El Gobierno de Rajoy lleva a los tribunales la subida salarial en Justicia que aprobó Cifuentes

Fue el portavoz socialista, Ángel Gabilondo , quien puso el dedo en la llaga, durante su pregunta a la presidenta en la sesión de control del pleno. Tras preguntar si los trabajadores públicos habían perdido derechos por las medidas estatales de control del déficit, como congelación de retribuciones o paralización de oposiciones, Gabilondo expresó su temor a que el Gobierno de España pueda impugnar «acuerdos como el de educación o el de la carrera profesional sanitaria», como «acaba de ocurrir con la mejora retributiva pactada en el ámbito de los trabajadores de la Administración de Justicia».

En efecto, fuentes de la Delegación del Gobierno confirmaron que dicho acuerdo había sido recurrido en el contencioso-administrativo el pasado 29 de enero. Cifuentes fue tajante en el pleno: «Vamos a defender todos los acuerdos con los trabajadores y sus representantes, recurriendo a la vía contencioso-administrativa si es necesario», dijo.

El acuerdo entre la Administración regional y los sindicatos de los trabajadores en el sector de la Justicia se aprobó el 1 de agosto en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid . Contemplaba, entre otras medidas, una subida retributiva de 120 euros mensuales, que se aplicaría gradualmente: 45 euros en 2017, 90 en 2018 y 120 en 2019. Beneficiaba a 6.784 trabajadores y suponía 21 millones de euros de gasto a las arcas públicas.

La Delegación del Gobierno en Madrid supervisa todos los acuerdos a que llegan los municipios y la Administración regional; si hay algo en ellos que «chirría» con los «topes» puestos por el Gobierno Central en cuestiones como retribuciones o jornada laboral , los funcionarios al cargo de esta labor avisan. Así ocurrió con el acuerdo del personal de Justicia, y el 9 de agosto, la Delegación del Gobierno solicitaba un informe a Vicepresidencia del Gobierno.

Este organismo derivó el tema al ministerio competente, el de Hacienda y Función Pública, que respondió directamente a la Delegación que dirige Concha Dancausa el 9 de octubre, con un escrito de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. En su contestación, se especificaba que el acuerdo del Gobierno regional incluye incrementos salariales que son superiores a los establecidos en la Ley de Presupuestos Generales, que fijan el «tope» de subidas retributivas en un 1 por ciento.

El 30 de octubre, la Delegación del Gobierno requirió a la Comunidad para que anulara el acuerdo del personal de Justicia, basándose en los argumentos de Hacienda. Pero el Gobierno de Cifuentes contestó el 29 de noviembre rechazando dicho requerimiento. Volvió entonces a enviarse informe a Hacienda , con la argumentación del Gobierno regional, y ésta respondió el 18 de enero insistiendo en que el acuerdo autonómico es contrario a la ley de Presupuestos Generales del Estado.

Con esa segunda resolución, la Delegación del Gobierno encargó a la Abogacía del Estado que interpusiera un recurso contencioso -administrativo contra la subida, lo que se hizo el 29 de enero.

Desde la Comunidad madrileña matizan que sólo se ha recurrido un artículo del acuerdo, el de la subida salarial. Los responsables de la consejería de Presidencia y Justicia están convencidos de que no hay nada inválido en el pacto al que llegaron con los sindicatos del sector, y por ello van a «defenderlo hasta el final».

No es la primera vez que la Delegación del Gobierno interpone recursos contra acuerdos de administraciones locales, aunque sí en el caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid. De hecho, hasta el momento se han interpuesto ya unos 50 requerimientos de este tipo, algunos de los cuales han sido atendidos por la administración implicada, que ha dado un paso atrás en el asunto, y otras veces han acabado en recurso, como en esta ocasión. Siempre, recuerdan, «aplicando la ley, con igual criterio para todo el mundo». Recuerdan: « No se puede mirar para otro lado; sería prevaricar ».

Varios de estos requerimientos se han dirigido al Ayuntamiento de Madrid, donde han protestado vivamente y han llegado incluso a votar la reprobación de la delegada, Concepción Dancausa - no se aprobó por un error de la alcaldesa Manuela Carmena en la votación-, por considerar que aplicaba un «doble criterio» y «perseguía a los funcionarios municipales». El recurso contra el Gobierno regional parece invalidar esta tesis.