Garrido renuncia a aplicar el estatuto de expresidentes de la Comunidad

Lo paradójico es que fue precisamente ella, Cifuentes, la in ductora de este estatuto, que regula las condiciones en que quedan los ex mandatarios autonómicos una vez abandonado el cargo. La medida no iba a ser excepcional: prácticamente todas las autonomías españolas tienen ya normalizada esta cuestión. Así ocurre, por ejemplo, en Cataluña, el País Vasco, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra, Valencia y Andalucía.

La expresidenta planteó la aprobación de un estatuto similar al de estas otras autonomías en Madrid después de que eliminara el Consejo Consultivo de Madrid , un órgano en el que participaban en ese momento dos de los expresidentes regionales, Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón, y en el que había pedido incorporarse otro de ellos, Ignacio González. El Consejo hacía de primer «colchón» para estos ex mandatarios tras dejar el cargo, ya que les suponía un sueldo de 100.560 euros brutos anuales vitalicios, además de un despacho, secretaria, chofer y coche oficial.

Pero este Consejo desapareció en diciembre de 2015, y fue entonces cuando Cifuentes anunció la elaboración de un estatuto de expresidentes para no dejar a estos sin ninguna cobertura . Se trabajó en un texto que fue corregido y aumentado con el paso de los meses, y que logró concitar un consenso bastante amplio. De hecho, Ciudadanos lo aceptó, siempre que los afectados cumplieran con la Ley de Incompatibilidades , y el PSOE no le ponía grandes pegas, más allá de exigir al Gobierno autonómico que fuera capaz de alcanzar el consenso de todos para apoyarlo.

Desde Podemos sólo pusieron un «pero»: ya que se les iba a pagar un sueldo público, exigían tener control sobre su actividad y su agenda.

En líneas generales, el estatuto preveía un sueldo en torno al 90 por ciento de sus retribuciones en el cargo durante los dos años siguientes al abandono del cargo, prorrogables a tres si lo había ocupado durante más de un mandato.

Primero se esperaba que estuviera listo a final del 2016; después, se apuntó al primer trimestre de 2017. Ahora, el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional Pedro Rollán anuncia que este estatuto se deja en suspenso «sine die», y no será aprobado a lo largo de esta legislatura.